Mientras el poder político siga tutelando el mercado de la comunicación no habrá libertad de expresión

Ramón Pi nos recuerda la situación actual de los medios de comunicación.

El llamado apagón analógico, por el cual queda inutilizada la transmisión de televisión por vía analógica (y aunque se pueda materialmente hacer, queda prohibida), ha acelerado la promulgación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Es una ley compleja, que trata de muchos aspectos sumamente interesantes para las empresas que se dedican a la radio y la televisión, y cuyo comentario excede con mucho la capacidad de estas líneas. Sin embargo, hay en ella dos cuestiones cruciales que afectan a toda la ley, y que alguien tiene que decir que la convierten en una ley antidemocrática, por mucho que todos los políticos y la mayor parte de los periodistas la acepten como si tal cosa.

La primera de ellas es el mantenimiento de la radiodifusión y la televisión como “servicio público”. Puede parecer que eso sólo significa lo mucho que los legisladores se preocupan por nosotros. Pero no. Esta expresión es un tecnicismo jurídico, que quiere decir que el único con derecho a ejercer esta actividad es el Estado (y en nuestro sistema, son Estado a estos efectos también las comunidades autónomas y los ayuntamientos).

Nadie, salvo el poder político, tiene derecho a montar una radio o una televisión. Por eso, las empresas de este sector existen gracias a que han conseguido una benévola licencia del poder para emitir, cuyas condiciones y plazos determina el propio Gobierno, sea nacional, autonómico o local según la cobertura autorizada. La mayor parte de la gente no conoce este disparate antidemocrático, pero la situación es exactamente ésta.

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