La vida gana terreno a la muerte

Artículo de Salvador Bernal sobre la pena de muerte

El pasado día 24 encendí el televisor cuando José Luis R. Zapatero decía unas palabras bellísimas sobre el derecho a la vida. Proteger al ser humano es exigencia fundamental de su dignidad, que alcanza hasta el último instante de su existencia. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de nadie.

Se entendía bien, pues el presidente del gobierno hablaba en la sede de la ONU en Ginebra, capital diplomática de los derechos humanos, donde se inauguraba el IV Congreso Internacional contra la Pena de Muerte, promovido por la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort (ECPM).

Una vez más, las palabras del jefe de gobierno parecían conseguir la cuadratura del círculo, pues ese día el Senado español acababa de aprobar una nueva ley del aborto, en la que el nasciturus deja de ser alguien, para ser algo, mero nasciturum o moriturum. El ordenamiento rompe una tradición jurídica que, a lo que se me alcanza, arranca al menos del Código de Hammurabi, promulgado el año 1760 a.C.

De todos modos, bienvenidas sean las palabras de Zapatero contra la pena de muerte, válidas también —habrá que recordarlas en su momento contra quienes intentan introducir el derecho a morir en nombre de una muerte digna. En el caso de la pena capital, alegra ver que el secretario general del PSOE va de la mano de la comunidad de san Egidio, gran instrumento cristiano de paz en el mundo, y no de los islamistas que cada vez abusan más de las ejecuciones en Irán e Irak, en Pakistán o Indonesia.

Ojalá la alianza de las civilizaciones contribuya a erradicar la pena de muerte en el mundo. Pues el abolicionismo occidental —como se recordará, es un requisito para ingresar en el Consejo de Europa, más amplio que la UE, se da de bruces con el “retencionismo” que se aplica sobre todo en Asia: China y especialmente países musulmanes.

La asamblea general de la ONU —si no recuerdo mal, a propuesta de Italia aprobó una resolución por la moratoria universal de la pena de muerte el 18 de diciembre de 2007. Actualmente, de los 197 Estados representados en Nueva York, 58 siguen aplicando la pena capital: son los “retencionistas”, frente a los mayoritarios “abolicionistas”, que han crecido de modo impresionante en las últimas décadas.

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