La "religión política" y la libertad

«Toda “religión política” constituye una agresión a la libertad. Luchan contra la religión cristiana para imponer la propia. No se conforman ya con someter las conciencias; aspiran a la soberanía sobre los hechos del pasado. 

En tiempos de la Revolución francesa, advirtió Condorcet de un nuevo peligro para la libertad del individuo. Consiste en que quienes ostentan el poder temporal aspiren a fundar un nuevo culto cuyo objeto es el propio Estado, sus instituciones o sus representantes. «Los mismos que quisieron liberar a los hombres del yugo de la religión se arriesgan a convertirse en servidores de un culto no menos opresivo. 

A partir del momento en que es el poder el que dice al pueblo lo que hay que creer, nos encontramos con “una especie de religión política”, apenas preferible a la anterior». Condorcet añade: «Robespierre es un cura, y nunca dejará de serlo». Ésta parece ser la primera vez que aparece la expresión «religión política».

El poder temporal aspira así a imponer las creencias que le convienen. Al controlar la escuela, convierte la educación, que debería proporcionar la liberación y la formación, en instrumento de una sumisión completa. Presenta como dogmas inmutables, o peor, como verdades científicas, sus propias decisiones políticas. A diferencia de las viejas tiranías no se preocupan de oprimir y atormentar los cuerpos, sino de dominar las conciencias. La mayoría de los demócratas no imaginan que pueda ser necesario defender al individuo de sus propios representantes. 

Los herederos de esta «religión política» son los totalitarismos: el fascismo, el comunismo y el nazismo. En 1742, Hume escribió en su ensayo titulado El escéptico: «Aun cuando todo el género humano concluyera de forma definitiva que el Sol se mueve y que la Tierra está en reposo, no por esos razonamientos el Sol se movería un ápice de su lugar, y esas conclusiones seguirían siendo falsas y erróneas para siempre». La verdad no depende del sufragio universal. Si hubiera algo así como una «memoria histórica», jamás sería competencia del Gobierno decidir sobre ella. 

Ni el Gobierno ni el Parlamento dirimen cuestiones históricas, filosóficas, científicas, religiosas, morales y estéticas. La interpretación de los hechos históricos compete a los historiadores, no a los gobernantes. Un Gobierno, aunque fuera ilustrado, no puede imponer una visión, por ejemplo, de la guerra civil y el franquismo, aunque se tratara de la correcta. Por lo demás, quien intenta imponer por la fuerza una verdad, revela por ello que es falsa. La verdad no necesita de la fuerza, pues se apoya en la razón. 

 Se puede delinquir mediante la palabra, por ejemplo, injuriando, calumniando o instigando a la comisión de un delito. Pero la libertad de emitir opiniones, juicios, teorías y valoraciones es, como afirmó John Stuart Mill, absoluta. El mismo derecho asiste a alguien para decir que Franco fue un fascista que destruyó una democracia legítima, que a otro para sostener que fue un patriota que liberó a España del estalinismo. Ni el BOE ni el Diario de Sesiones del Congreso tienen autoridad para establecer verdades. 

 Pretender establecer «comisiones de la verdad» y reformas de las mentes de los ciudadanos son patologías propias de gobernantes totalitarios. La incitación al odio es un extravagante concepto jurídico indeterminado, que puede dar lugar a una casuística arbitraria y aberrante, lesiva para la libertad. No hay una historiografía delictiva. La hay buena o mala, documentada o indocumentada, acertada o equivocada, veraz o mendaz. 

Pero ninguna puede ser prohibida por el poder político. ¿Dónde quedarían la libertad de investigación y de cátedra? Claro que hay verdad y falsedad históricas, pero a los falsarios se les desenmascara con argumentos y hechos, no con el Código penal. Si alguien pretende que es lícito decir que el comunismo es una bendición para la humanidad, pero hay que impedir que alguien sostenga que es un sistema criminal, podemos estar seguros de que es un enemigo de la libertad o un farsante, o las dos cosas. 

Estamos ante la pretensión de tipificar como delito la libertad de expresión. Lejos de ser un derecho, pasa a ser delito. Lo que sucede con la historia, pasa también con otros asuntos, desde la homosexualidad hasta el feminismo. Blasfemar es un derecho, y elogiar a Franco, un delito. Prohibido pensar. Lejos de nosotros la funesta manía. Al parecer, hay gobernantes a quienes no les basta el poder político y aspiran a la autoridad espiritual, a mandar sobre las conciencias, a erigirse en propietarios del árbol de la ciencia del bien y del mal, en suma, a suplantar a Dios. 

 Casi dan ganas de adherirse a estas dos máximas de Condorcet: «En general, todo poder, sea de la naturaleza que sea, esté en manos de quien esté, se haya otorgado como se haya otorgado, es por naturaleza enemigo de la ilustración». «La verdad es tan enemiga del poder como de quienes lo ejercen». El buen gobierno es el que se preocupa más de la justicia y el bienestar de los ciudadanos que de su propio triunfo. 

Quizá por eso sea un bien tan escaso. Un buen gobierno fomenta el aumento de los conocimientos y la educación de los ciudadanos, pero no puede pretender hacer pasar sus opciones políticas por verdades. No tiene derecho a decidir ni imponer lo que se ha de considerar verdadero o falso. Se diría que las siguientes palabras las escribió Condorcet considerando las desgracias de la España actual: «No corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. 

La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad protege al mismo tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder. La verdad está por encima de las leyes. Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad pública, siempre sujeta a variación. 

La búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni ésta de aquélla». He abusado de las citas del pensador francés, pero creo que merece la pena escuchar la palabra de este girondino, encarcelado por los jacobinos y muerto al poco de ingresar en prisión, inteligente defensor de la libertad. Toda «religión política» constituye una agresión a la libertad. Luchan contra la religión cristiana para imponer la propia. 

No se conforman ya con someter las conciencias; aspiran a la soberanía sobre los hechos del pasado. Y la libertad, aquello por lo que según don Quijote merece la pena arriesgar la vida, no es algo que se recibe o se mendiga, es algo que uno se toma, como refleja esa sabia expresión española: tomarse la libertad.

Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía
abc.es
Juan Ramón Domínguez Palacios
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