La Iglesia católica protege los derechos del niño

 La comparecencia de un Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU apenas tiene eco, y menos fuera del país correspondiente. Pero el 16 de enero, la sede la ONU en Ginebra bullía de periodistas y miembros de algunas ONG porque era el turno de la Santa Sede, y algunos grupos querían convertir la comparecencia en un tribunal para acusar a la Iglesia católica por los casos de abusos de menores.

   Como signataria de la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Santa Sede –uno de los primeros en ratificarla– está obligada a presentar un informe quinquenal al Comité de Derechos del Niño (CDN), encargado de vigilar el cumplimiento del tratado.

Concretamente, los Estados deben informar sobre las medidas que hayan adoptado para promover los fines de la Convención y sobre el progreso que hayan hecho en cuanto al efectivo disfrute de los derechos ahí reconocidos; sobre las circunstancias y dificultades que afecten a la aplicación del tratado, y de los datos necesarios para que el CDN tenga una idea cabal de la situación del país al respecto (art. 44). De modo análogo, el Vaticano tenía que informar sobre los dos protocolos facultativos a los que también se adhirió: uno sobre el tráfico de niños y la prostitución y la pornografía infantiles, y otro sobre los niños soldados.

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