El gobierno de Obama ha intentado cerrar la polémica en torno al
llamado “mandato anticonceptivo” haciendo una concesión a las
instituciones religiosas. Pero la jugada le ha salido mal porque quienes
objetan por los mismos motivos sin ser organizaciones religiosas
(dueños de empresas familiares, sobre todo) no se van a retirar de la
batalla legal y política. Tampoco van a hacerlo los obispos de EE.UU.,
ya que consideran que el mandato sigue vulnerando la libertad religiosa
de los individuos.
Fruto de la ley de reforma sanitaria, el “mandato anticonceptivo”
imponía a los empleadores la obligación de financiar anticonceptivos, la
píldora del día siguiente y la esterilización en los seguros médicos de
sus empleados para que estos usaran esos servicios sin que les costase
nada. Los empleadores que se negaran a hacerlo serían multados y
perderían ciertas deducciones fiscales.
Para justificar esta carga sobre los empleadores, el gobierno de
Obama alegó razones de salud pública: el objetivo era reducir lo más
posible el número de embarazos no deseados. El acceso gratuito a los
métodos anticonceptivos permitiría reducir esa cifra, sobre todo entre
los más pobres para quienes el copago puede ser un obstáculo.
Pero los contrarios al mandato contraargumentaron: que el gobierno
quiera garantizar para todas las mujeres –cualquiera que sea su lugar de
trabajo– el acceso gratuito a la contracepción, la píldora del día
después y la esterilización no le da derecho a obligar a los empleadores
a violar sus conciencias forzándoles a financiar servicios que vulneran
sus convicciones morales o religiosas.
.....
Con los 44 juicios pendientes contra el mandato, el gobierno de Obama
ha decidido no arriesgarse y mover ficha antes de agosto. La nueva
“solución de compromiso”, que hizo pública el pasado 1 de febrero,
ofrece a las instituciones religiosas lo que no se atrevió a ofrecer en
la primera: las exonera de la imposición de cubrir en los seguros de sus
empleados anticonceptivos, la píldora del día después y la
esterilización.
A partir de ahora, las instituciones religiosas podrán ofrecer a su
plantilla un plan de seguros sin esos servicios. Los empleados recibirán
sin coste alguno una póliza complementaria que los cubra; será
suministrada por una aseguradora y financiada por el gobierno, si bien
no está claro de dónde va a sacar el dinero para financiarlos.
Da la impresión de que, con este ajuste, Obama pretendía dos cosas:
blindar el mandato frente a las demandas que cuestionan si vulnera la
libertad religiosa y, de paso, sacar a los obispos católicos del debate.
Pero estos, en coherencia con la línea argumental que han planteado
hasta ahora, no están dispuestos a retirarse.
El artículo completo lo tenéis en la web de Aceprensa
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