La sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre los crucifijos en las aulas, el veto suizo para construir nuevos minaretes, la posible prohibición en Francia del burka o las intervenciones de la jerarquía católica con motivo de algunas leyes (aborto, equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio, legalización de la eutanasia y del suicidio asistido en algunos países, regulación de la asignatura de religión en el currículo escolar, etcétera) ponen de relieve una vez más la potencial conflictividad política de las creencias religiosas. Previsiblemente, la reforma de la Ley de Libertad Religiosa prometida por el gobierno español también pondrá de actualidad un debate recurrente en la política
LA LAICIDAD, UN BIEN POLÍTICO
En el seno de las democracias actuales, este debate gira en muchas ocasiones en torno a la idea de laicidad. La prohibición en Francia hace cinco años de que las estudiantes llevaran velo en la escuela se hizo en defensa de la laicidad. Muchos posicionamientos –generalmente de carácter prohibitivo- relacionados con aspectos sociales de las creencias religiosas se hacen en nombre de la laicidad. Esto lleva a que, para muchos creyentes, el término laicidad posea connotaciones negativas, al percibirla como una amenaza a su libertad religiosa.
Por otra parte, el maximalismo de algunos de los que invocan la laicidad para reducir las legítimas expresiones de religiosidad o incluso las costumbres sociales con origen religioso, como puede ser poner un belén en la calle por Navidad, no ayuda nada a debatir la cuestión con serenidad. Para abordar estas cuestiones con éxito resulta oportuno, por tanto, aclarar qué se entiende por laicidad y, en función de ello, dar respuesta a las cuestiones concretas que en cada caso se planteen.
Una ayuda muy útil en este sentido es la distinción realizada por Martin Rhonheimer en “Cristianismo y laicidad” entre una concepción meramente política de la laicidad y un concepto integral –integrista- de laicidad.
La versión meramente política de la laicidad establece que el ámbito político ha de ser constitutivamente laico. Esto se materializa en la laicidad del Estado, que comporta, resumidamente, una triple exigencia: su aconfesionalidad, es decir, que el Estado no hace suyo ningún credo religioso; su soberanía, lo que conlleva la completa independencia de los poderes del Estado respecto a cualquier poder religioso; y, finalmente, la irrelevancia de las creencias para el disfrute íntegro de la ciudadanía.
Francisco Santamaría
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