Por si existía alguna duda los hechos confirman lo que se desprendía con claridad de la intencionalidad y el texto de la ley sobre el aborto: se trata de blindar el negocio de las clínicas privadas. El sistema de plazos y, todavía más, la despenalización total unidos a la continuación con el viejo sistema basado en la absoluta falta de control de las clínicas privadas, han conseguido algo increíble: el aborto se ha convertido en un negocio, no tutelado, sino protegido por el propio Estado.
En esta tarea el papel decisivo corresponde, como es lógico, al Gobierno de Rodríguez Zapatero y al PSOE. Pero hay que decir que el PP en lo que se refiere a la aplicación de la ley no queda exento de responsabilidad. Hay que recordar que la sanidad es una competencia de las Comunidades Autónomas, y que éstas pueden desarrollar en este ámbito todo un abanico de medidas que en el caso del aborto, con la antigua o con la nueva ley, son muy importantes y que se concentran en el control de lo que hacen realmente las clínicas, del cumplimiento escrupuloso de lo legislado.
En definitiva, de la existencia de una regulación concreta y una intervención habitual de los departamentos de Sanidad o Salud de cada autonomía. Esto no resuelve el fondo del problema, pero es un gesto que permite confiar en que antes o después la raíz del mal se ataque.
En España todo está tan controlado por el lobby de las clínicas privadas que hasta el sistema estadístico está generado por ellas sin ningún tipo de verificación ni control de los datos que facilitan. En otras palabras, las estadísticas españolas sobre el aborto son las que quieren dar las clínicas privadas.
Josep Miró i Ardèvol
FORUM LIBERTAS
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