
   Ya  hemos tenido demasiados regímenes discriminatorios en el siglo XX para  que sigan surgiendo nuevos. Pero que aparezcan teóricos del apartheid  más violento, ya es excesivo
En el siglo XX Sudáfrica se hizo tristemente famosa por el apartheid.  Este régimen político consistía en la segregación racial. En un país  con mayoría de población negra, los sudafricanos de esta raza apenas  tenían derechos políticos y civiles. No participaban en las elecciones  parlamentarias, no tenían derecho a transitar por cualquier sitio, sus  barrios muchas veces no tenían electricidad o agua potable, además de  otras muchas limitaciones. Incluso debían viajar en asientos distintos  de los blancos en los transportes públicos y existían playas, baños  públicos y barrios reservados a blancos. Hubo también pensadores  sudafricanos blancos que elaboraron una teoría justificadora del sistema  de discriminaciones de su país.
      Afortunadamente Sudáfrica abandonó el régimen del apartheid  hace ya casi dos décadas. La humanidad entera veía denigrada su  conciencia por la existencia de un régimen como el sudafricano tan  contrario a los principios de dignidad humana. Por eso sorprende que los  fantasmas del apartheid vuelvan a aparecer, y no en un lugar  remoto, sino en España. La diferencia es que ahora los segregados no son  los miembros de una raza humana, sino los de una religión, la católica. 
      Porque ¿qué es sino una nueva forma de apartheid  el intento de que los católicos no tengan derecho a locales en  universidades que son de todos, en igualdad de condiciones que los demás  ciudadanos? ¿O que se impida al Cardenal Rouco pronunciar una conferencia en una universidad, como si él tuviera menos derechos civiles que otros conferenciantes? 
      Se  intenta expulsar de la profesión a los médicos o a los jueces  católicos, pues se les impide —solo a ellos— ejercer la objeción de  conciencia. A los padres católicos se les impide tener colegios que  respondan a su ideario salvo que paguen más que los demás ciudadanos,  pues reservan los recursos públicos a colegios laicos. Tampoco se pueden  fundar asociaciones católicas en igualdad de oportunidades, pues se les  niegan subvenciones solo porque son católicas. 
      Recientemente hemos sabido que se discrimina a los católicos en la carrera diplomática.  Puestos a discriminar, a los católicos se les niega hasta el derecho a  tener sentimientos: ya hemos perdido la cuenta del número de  espectáculos financiados con fondos públicos que contienen graves  ofensas a lo que los católicos consideran más sagrado.
      Parece  claro que el objetivo es convertir a los católicos en ciudadanos de  categoría inferior. Para estos radicales todos los ciudadanos tienen  derecho a expresar su opinión sobre los asuntos públicos, salvo los que  usen mitra y báculo; todos los parlamentarios tienen derecho a votar en  conciencia, salvo si son católicos; y en las escuelas públicas se  enseñarán todas las doctrinas, salvo las católicas.
      Sin  embargo, estas actitudes aun siendo condenables, no me parecen  preocupantes: ya sabemos que los radicales van a actuar con radicalidad.  Lo preocupante es que ya hayan surgido teóricos del nuevo apartheid.
      En efecto, Gregorio Peces-Barba parece que ha asumido el papel de impulsor de la política de apartheid hacia los católicos. Hace unos días ha publicado un artículo  en el que se opone a que a los católicos se les trate en régimen de  igualdad, pues a pesar de tantas discriminaciones hacia los católicos,  opina que a la Iglesia se le ha consentido demasiado. En unas frases que  parecen sacadas de un manual del apartheid, afirma que «cuanto más se les consiente y se les soporta, peor responden. Solo entienden del palo y de la separación de los campos».
      Ya  hemos tenido demasiados regímenes discriminatorios en el siglo XX para  que sigan surgiendo nuevos. Pero que aparezcan teóricos del apartheid  más violento, ya es excesivo. Las autoridades públicas deberían  intervenir con todo el peso de la ley ante el riesgo de que algún lector  de Peces-Barba le haga caso.
Pedro María Reyes Vizcaínoe-LibertadReligiosa.net
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