El abismo educativo español

   

España necesita urgentemente una profunda revisión de su sistema educativo. Se trata de que nuestro sistema educativo armonice tres exigencias igualmente irrenunciables, que son la universalidad del derecho, la calidad y la libertad de educación. Se trata de un proyecto tan ambicioso como irrenunciable.

   La política estadounidense lleva tiempo condicionada por el llamado abismo fiscal, una postura irreconciliable entre demócratas y republicanos sobre los impuestos, el gasto público y, en general, sobre la política económica que el Gobierno de Obama desea llevar a cabo. En España, cabría hablar de un abismo educativo, para referirnos a las posturas irreconciliables en política educativa, que imposibilitan un consenso mínimo al respecto y que aleja la posibilidad de llevar a cabo un pacto de Estado capaz de impedir el permanente vaivén de reformas educativas que sufrimos en este país.

   Los puntos calientes que imposibilitan el acuerdo me parece que son, fundamentalmente, dos. El primero es la opción entre enseñanza comprehensiva por un lado, modelo por el que ha apostado la izquierda desde hace décadas confiando a ella la cohesión social; y excelencia y calidad educativa por otra, que es el modelo por el que viene luchando la derecha política y que tiene mayor respaldo entre los padres. Evidentemente, ni la izquierda renuncia formalmente a la calidad ni la derecha a la cohesión, pero cada una de ellas prioriza como inmediato uno u otro objetivo.

El segundo punto caliente es el que se refiere a la titularidad del derecho a la educación. El modelo autoproclamado progresista aboga por una enseñanza pública y laica, cuya titularidad corresponde al Estado, mientras que las posiciones conservadoras conciben la educación principalmente como un derecho de los padres, que pueden reclamar al Estado las ayudas precisas para educar a sus hijos conforme a los estilos educativos o las convicciones personales que más les convencen.

El modelo de izquierdas posee una larga tradición en la historia, que se remonta ni más ni menos que a Platón, quien, desde su concepción comunista de la sociedad, concebía la educación como la herramienta de que goza el Estado para garantizar la armonía social. Con una lógica adaptación a los tiempos, la izquierda educativa entiende también la educación, antes que nada, como una herramienta privilegiada para conseguir la homogenización social y como el instrumento más apto para lograr la, a su entender, mejor sociedad posible, incluyendo para ello cuestiones variopintas, que van desde la salud pública hasta la educación para la ciudadanía, pasando por la educación para el consumo, la igualdad de género, la educación afectivo-sexual (limitada a salud sexual), la normalización lingüística en algunas comunidades –a la que se apunta también la derecha nacionalista-, la seguridad vial o cualquier otra cuestión que la sociedad se vea en la obligación de garantizar para su buena marcha.

Se trata de una concepción instrumental de la educación, cuyo objetivo principal no son los intereses de los jóvenes sino un mejor futuro para el conjunto de la sociedad. Interesa más engrasar bien la maquinaria social que el que los alumnos alcancen sus metas personales. Esto explica la aversión de la izquierda educativa por la iniciativa privada y la apuesta por una escuela pública en la que las demandas de los padres resultan secundarias.

El otro modelo educativo fija más la atención en el éxito de los alumnos y destaca la excelencia como objetivo pedagógico. El adecuado funcionamiento del engranaje social no representa un objetivo directo de este modelo educativo. Se entiende que, si los que hoy acuden a las escuelas despliegan al máximo sus posibilidades, la sociedad mejorará. En este modelo, la iniciativa privada goza de mucho más espacio porque se asume que los verdaderos titulares del derecho a la educación son los padres, y no el Estado. Nos encontramos, por tanto, ante una propuesta educativa caracterizada por la calidad como objetivo y por la libertad de elección de los padres como uno de los principios vertebradores del gasto público.

Se puede criticar que el modelo educativo conservador no propicia la cohesión social, pero hay que preguntarse si es precisamente al sistema educativo de un país al que hay que confiarle tal objetivo, y si no es más bien a leyes en otros ámbitos de carácter social a las que habrá que asignarles semejante tarea. Lo que sí es preciso garantizar es el principio de igualdad de oportunidades aplicado a la educación; es decir, asegurar que toda la escala social sea susceptible de acceder al mismo nivel de calidad educativa. 

Pero para conseguir esto no es preciso, ni traspasar la titularidad del derecho de la educación al Estado en detrimento de la libertad de elección de los padres, ni claudicar ante un modelo pedagógico –el comprehensivo- cuyo fracaso se ha demostrado clamoroso. Lo que más bien resulta necesario es apostar por la calidad educativa y por un adecuado régimen de ayuda a la iniciativa privada, precisamente para evitar que la calidad sea un bien accesible “sólo a los ricos”, tal como se expresan algunos demagogos.

En efecto constituye una demagogia insultante presentar la educación de acuerdo con las convicciones morales y religiosas de los padres como un lujo que ha de pagárselo quien lo desee. La realidad es que miles de familias españolas han de realizar un esfuerzo ímprobo para garantizar un mínimo de calidad educativa para sus hijos o para que la educación que reciben tenga algo que ver con sus convicciones; lo cual, por otra parte, no representa capricho alguno sino que se trata de uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna.

Otra manera de ver las cosas es fijarse en el aspecto ideológico del sistema educativo y constatar, entonces, que la izquierda social dispone de una enseñanza gratuita –la escuela pública- desde donde adoctrina a su gusto a la mayoría de los españolitos, y que quienes no asumen su ideología, si quieren transmitir sus valores, han de pagarse la educación con su bolsillo. La izquierda española considera la escuela pública parte de su patrimonio, nos vende la moto de que esa escuela ha de ser a imagen y semejanza de su ideología, y, para más inri, intenta convencernos de que en eso consiste la neutralidad de lo público.

Normalizaría mucho el debate, me parece, que hubiese instituciones educativas de izquierdas que acudiesen al régimen de conciertos –o a un sistema de cheque escolar- para educar según sus convicciones o su ideología. Pienso que resulta revelador del secuestro que sufre la escuela pública por parte de la izquierda tanto su airada protesta ante cualquier cambio que mitigue su posición preeminente, cuanto el hecho sorprendente de que ésta no tenga ninguna necesidad de ofertar en régimen de concierto centros de enseñanza un modelo educativo afín a sus ideas: para algo tienen ya la escuela pública.

España necesita urgentemente una profunda revisión de su sistema educativo, que garantice tres objetivos: extensión universal del derecho a la educación (algo que se encuentra plenamente consolidado), calidad del sistema educativo, de la que nos encontramos a años luz y que obligaría a supeditar la concepción comprehensiva de la enseñanza al objetivo de la calidad, y, finalmente, garantía –mediante las ayudas públicas pertinentes- de que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus valores religiosos y morales, tal como lo reconoce nuestra constitución. Se trata, en definitiva, de que nuestro sistema educativo armonice tres exigencias igualmente irrenunciables, que son la universalidad del derecho, la calidad y la libertad de educación. Se trata de un proyecto tan ambicioso como irrenunciable.

Francisco de Borja SANTAMARÍA
Arvo.net