Eso
de impedir por ley que las personas pertenecientes al Opus Dei puedan
ocupar cargos públicos, ya no es un tema de comprensión, sino de lectura
de varios derechos fundamentales
Cualquiera
que siga lo que vengo escribiendo en la prensa valenciana, sabe que
tengo sumo aprecio por la libertad, porque es el don más grande que Dios
ha otorgado al ser humano y porque, desde la perspectiva cristiana, no
hay salvación sin libre albedrío. Debo reconocer que cuando alguien
capitidisminuye la libertad de que gozan los miembros del Opus Dei en
tantísimos asuntos opinables, me cansa. Pero los seudointelectuales no
tienen ni aceptan razones. Escribió Séneca: «El vulgo defensor de su propio mal, se levanta contra la razón».
«Ni yo, ni ninguno de los miembros del Opus Dei —afirmó san Josemaría en una entrevista periodística— pretendemos que todo el mundo nos comprenda o que comparta nuestros ideales espirituales [...] Pero es evidente que tenemos el derecho elemental de ser respetados». He traído estas frases pensando en las palabras recientemente pronunciadas por Tomás Gómez,
líder de los socialistas madrileños, que asombran al más inexpresivo.
Aunque no sé si su palabrería ha damnificado a alguien más que a sí
mismo al proferir: «Cuando el Opus Dei marca ideológicamente a un
gobierno ocurren cosas como ésta. El Opus es prácticamente una secta, es
una seudosecta. En este país habría que hacer una reflexión, creo que
habría que hacerla en el Congreso de los Diputados y elevar a rango de
ley que personas que pertenezcan a seudosectas, como el Opus Dei, no
puedan ocupar responsabilidades públicas». ¡Toma del frasco! Todo para discrepar del presidente de las Corts Valencianes al pedir que las mujeres que quieran abortar, antes de hacerlo, vean obligatoriamente una ecografía del feto y se les planteen «diferentes opciones y alternativas eficaces» para llevar adelante ese embarazo.
Me
referiré al derecho a ser respetados porque, aun comprendiendo que
Gómez no entienda el Opus Dei, eso de impedir por ley que las personas
pertenecientes a esta Prelatura de la Iglesia católica —o a cualquiera
que no sea un delincuente— puedan ocupar cargos públicos, ya no es un
tema de comprensión, sino de lectura de varios derechos fundamentales.
No es necesario apelar al evangélico amor a los enemigos. Además, si ve
marcaje al gobierno en las declaraciones de una persona libre —a la Obra
la representan solo el prelado y sus vicarios— yerra y se dispara su
propia bala, quizá buscada como medio coactivo. Así piensan algunos:
tiroteando al Opus Dei, sus miembros callarán. Se equivocan. Aparte,
está la pseudo-secta: ¿sabe Gómez que eso es falsa secta? Lo sectario y perjudicial para su credibilidad democrática es su declaración. Quizá le venga bien leer la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1 de marzo de 1940, que dice algo muy parecido a lo afirmado por él.
Pablo Cabellos Llorente
Levante-EMV / Almudí
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