La
falacia de la discriminación, es sencillamente una falacia, porque
nadie discrimina a nadie al separar niños y niñas en la enseñanza
El
Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que dos Comunidades
Autónomas deben denegar el Concierto educativo a unos centros con
educación diferenciada. Jurídicamente no debía ser fácil el tema cuando
los dos Tribunales Superiores de Justicia de esas Comunidades habían
fallado a favor de los colegios. A mí no me interesa entrar ahora en un
galimatías legal, que no entiendo, aunque sí lo suficiente como para
saber que la Constitución española establece —sin restricción alguna— el
derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus
hijos.
Caben
diversos tipos de enseñanza: estatal, de iniciativa social o de
iniciativa social concertada, con idearios variadísimos pero, dentro de
todas las posibilidades, no entra la educación diferenciada, que no será
mejor ni peor, sino otra opción. No dudo de la justicia del Tribunal
Supremo pero, si es acertada, habrá que cambiar una ley —posiblemente
anticonstitucional— con la tan traída y llevada discriminación de sexos.
Si los legisladores fueran coherentes, tendrían que hablar de
discriminación de género, con lo que el tipo de escuelas se
multiplicarían por mucho. Además habría que ver si el progenitor A se
ponía de acuerdo con el B...
No
nos engañemos, la falacia de la discriminación, es sencillamente una
falacia, porque nadie discrimina a nadie al separar niños y niñas en la
enseñanza. Lo saben miles de familias en nuestro país. ¿Están
traumatizados los que se educan de ese modo? ¿Ha sido motivo para acudir
al psiquiatra? ¿No son más las mujeres sometidas al aborto quienes
acuden a estos médicos? Además, con exclusión del padre de la criatura
para intervenir, quedan discriminados ambos: uno por no participar en la
decisión y la otra por pechar sola con ella. Pues resulta que esta
legalidad hipócrita llama derecho al aborto y discriminación
a la educación citada. Cualquier día se cargan las sociedades
gastronómicas de hombres, los baños separados de bares o aeropuertos o
la asociación de mujeres periodistas. Unos ejemplos entre decenas.
Si
esa forma de educar fuera anticonstitucional, lo sería también para los
colegios no concertados. Como no lo es, simplemente responde al
capricho del legislador o una imposición ideológica aplicada con un
sesudo argumento: sí, pero no con mi dinero. Eso provoca otra injusticia
porque los padres que lleven a sus hijos a un colegio diferenciado, lo
pagan dos veces, precisamente con su dinero: en el colegio y en los
impuestos destinados a los privilegiados que sí tienen gratuita la
educación deseada. Los sindicatos han empleado frecuentemente esta
fórmula, también algunos partidos políticos y medios de comunicación
situados en su ola. Pues, con más motivo, se les podría decir a ellos:
sí, pero no con mi dinero. La escuela concertada ahorra dinero al erario
público; ellos, no.
Nuestra
Constitución garantiza la gratuidad de ciertos niveles de enseñanza y
la capacidad de los padres para elegir con libertad. Diré de pasada que
las famosas zonificaciones ya han reducido notablemente la libertad.
Traban a la libertad. Como la entorpece esta ley que da pie a la mentada
sentencia que, por cierto, también contiene otra deriva terrible: el
Estado por encima de los padres. Parece, más bien, que lo que se da de
bofetadas con la Constitución es una ley de quitar libertades protegidas
por ésta.
Hay
que andar con tiento para que una moda, una imposición del pensamiento
dominante, no nos trajine como le venga en gana, seamos progresivamente
encorsetados, y nos demos cuenta cuando no tenga remedio. Por eso —y sin
entrar yo en política, pero amando la libertad que nos sustraen—, me
gusta que el titular de la Cartera de Educación haya afirmado enseguida
que si esa ley no autoriza este tipo de respetable educación, habrá que
cambiarla. Cuanto antes, porque no hay derecho —esto sí que sería un
fraude— a que centenares o miles de familias se queden de pronto sin
colegio y sin dinero. Todo por capricho, por ideología, tal vez por
maltrato a la religión, por tiranía, que así se llama ese modo de
proceder.
Por
lo que va dicho —aunque estemos en pleno verano—, son los padres y
madres de familia quienes deben reaccionar con inmediatez. No sé si
ahora los jueces se dedican a fallar en verano pues, ni hecho aposta,
les sale mejor. Entonces, a pesar del estío, es preciso que las familias
se muevan para que se corrija la ley y salga otra cuanto antes más
respetuosa con nuestra libertad, con la Constitución, con la Declaración
Universal de Derechos del Hombre y con alguna Convención Internacional
que tenemos firmada justamente para respetar el tipo de educación
agredida.
Todo
gobernante debe saber que sin libertad escolar, no hay libertad y que
manipulada la escuela, manipulado el hombre. Necesitamos pensadores y
gobernantes valientes que busquen el bien común para todos, en lugar de
dedicarse a la pesca del voto cautivo en los caladeros de lo
políticamente correcto, ordinariamente falaces. En esos caladeros no
arreglamos ni la crisis económica, ni su causa: la crisis del hombre.
Pablo Cabellos Llorente
Las Provincias / Almudí
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