jer. Siguió el trámite en el Senado, y la ley acabó en el Boletín Oficial del Estado y, luego, lógicamente, en el Tribunal Constitucional, que pocos saben a qué se dedica, pues pasan los años y sigue sin dictar sentencia sobre algo mucho más esencial para la sociedad española que el Estatuto catalán.El promotor de esa reforma fue el actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convencido de que era un avance en la defensa de las libertades individuales. Se había dicho de antiguo, a propósito del gran poder del Parlamento británico, que podía prácticamente todo, excepto hacer del hombre una mujer. Algo de esto intentaba el legislador español hace cinco años, arrumbando una institución jurídica que había pervivido durante siglos a los avatares ideológicos más variados. Ni siquiera los revolucionarios franceses se atrevieron con algo tan esencial, que Napoleón consolidó en su famoso Código civil.
Sin embargo, la presión del lobby homosexual es muy fuerte. La acaba de sufrir Italia, pero el Tribunal Constitucional ha dictado una resolución muy seria. La cuestión había sido planteada por tribunales de Venecia y de Trento, frente a los artículos del Código Civil que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo, a raíz de la negativa a registrar enlaces celebrados en otros países.
La sentencia italiana confirma la prudencia del legislador. Las instituciones jurídicas tienen una naturaleza propia, que no puede alterarse a base de voluntarismo. Nunca será lo mismo una compraventa que una permuta o una donación, aunque reciban tratamientos más o menos próximos en ámbitos fiscales o asistenciales. El llamado “centro de imputación de la norma”, define una realidad social a los efectos de aplicar la ley —no es lo mismo la empresa en lo mercantil que en lo laboral, pero es algo muy distinto de deconstruir arbitrariamente instituciones esenciales.
ALMUDÍ
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