La comparecencia de un Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU apenas tiene eco, y menos fuera del país correspondiente. Pero el 16 de enero, la sede la ONU en Ginebra bullía de periodistas y miembros de algunas ONG porque era el turno de la Santa Sede, y algunos grupos querían convertir la comparecencia en un tribunal para acusar a la Iglesia católica por los casos de abusos de menores.
Como signataria de la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Santa Sede –uno de los primeros en ratificarla– está obligada a presentar un informe quinquenal al Comité de Derechos del Niño (CDN), encargado de vigilar el cumplimiento del tratado.
