Una gran misión de todos: no escatimar medios para cuidar a sus deudos hasta el último hálito de vida
Tengo la impresión de que el Instituto Nacional de Estadística es de las pocas instituciones que mantiene profesionalidad y prestigio. Sus notas de prensa periódicas facilitan datos exactos sobre cuestiones de máxima importancia, de acuerdo con parámetros con frecuencia internacionales. Así sucede, por ejemplo, en materia de mortalidad: causas básicas de la defunción, distribución por sexo, edad, residencia y mes de defunción; indicadores que permiten realizar comparaciones entre comunidades autónomas y grandes grupos de causas de muerte.
Siento sólo que esas notas sobre mortalidad no incluyan información sobre el lugar del fallecimiento, para poder comprobar si el tránsito se produce más en centros sanitarios que en el hogar del difunto. Sería muy significativo para los análisis sobre el fin de la vida, objeto de polémicas y leyes en muchos países del mundo. Ayudaría también quizá a superar la actual confusión en la opinión pública entre alimentación artificial y tratamientos terapéuticos.
Justamente, es uno de los elementos que complica la tramitación del nuevo proyecto francés sobre el fin de la vida, que actualizaría la ley Leonetti de 2005; fue aprobada entonces por unanimidad de diputados y senadores, cosa insólita en parlamentos occidentales cuando se trata de asuntos no “políticamente impuestos”. Hace diez se produjo una clarificación importante, conforme con una ética universal, y no sólo con la doctrina social católica: el enfermo, o sus representantes legítimos, tiene derecho a rechazar tratamientos con efectos secundarios negativos, aun a riesgo de anticipar la muerte (se evita así el fenómeno conocido popularmente como “encarnizamiento terapéutico”).