Menos libertad, menos igualdad

Atacar a los centros concertados no solo no ayudará en nada a la mejora del sistema educativo sino que se traducirá en una menor libertad y en una menor igualdad

No parece necesario insistir en que vivimos tiempos difíciles, en los que sería razonable que todos los esfuerzos de nuestros políticos se orientaran a la lucha contra la grave crisis sanitaria que supone la pandemia y la consiguiente crisis económica. Sin embargo, parece que las prioridades del Gobierno van en otra dirección y da la impresión de que la situación se aprovecha para tramitar con celeridad, escaso debate y sin un verdadero consenso (que implica acuerdo con los que piensan distinto) importantes y muy discutibles leyes: entre otras, la legalización de la eutanasia, la reforma −afortunadamente parada por el momento− del Consejo General del Poder Judicial o la reforma educativa, entre otras.

Leyes sociales

La ley Celaá o cómo una España somete a la otra mientras la acusa de polarizar

Supongo que, como en Estados Unidos ya tienen otro presidente, pronto quedará encauzado lo del virus con las consecuencias habituales: grandes ganancias de las tecnológicas y de las farmacéuticas y otro mordisco a nuestra libertad, que no se recuperará de las dentelladas que sufre desde hace nueve meses. Por lo menos, no se recuperará en España, donde mengua casi a diario ante la inacción de casi todos.

El Gobierno acaba con la libertad de educación

 

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la octava ley educativa durante la democracia, conocida como «ley Celaá», con la previsión de que sea remitida de inmediato al Senado, y devuelta a la Cámara Baja sin modificación alguna para ser aplicada el próximo curso escolar. 

Con esta ley, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consagra la demolición de la educación concertada, perfila la desaparición en diez años de los centros de educación especial, deroga la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en las aulas, diseña la progresiva erradicación de la religión, y cultiva la ley del mínimo esfuerzo, de modo que la superación de cursos incluso con asignaturas suspendidas sea una constante. Pero ante todo, con esta normativa el Gobierno incurre en una transgresión de la libertad.

Presidente de la CECE: “Eliminar aulas concertadas es limitar esta elección sólo para ricos”

Concluye hoy el 46 Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), en Valencia, que se celebra anualmente: el año pasado se celebró en Tenerife. Comenzó el pasado jueves 8 de noviembre.

Asisten más de 350 titulares de centros privados y concertados de toda España, y el Congreso de este año lleva como título “Necesarios, plurales, complementarios”, que sintetiza el eje de este congreso, en el que también se intercambian experiencias entre los diferentes centros.

Alfonso Aguiló, presidente de la CECE, ha destacado que “eliminar aulas concertadas porque las públicas están vacías es una falacia, pues bastaría con que la Administración construyera nuevos centros educativos públicos para arrinconar a la concertada, acabar con la pluralidad y la libertad de elección de las familias”.

Levanta tu voz como la de una trompeta para que no te roben la libertad

Escribe Pablo Cabellos: Para no liarme en muchos temas, tomo del diario ‘Las Provincias’ algo sumamente acertado: un editorial titulado “No es concertada, es libertad”.

El interrogante inicial que deseo plantear es sencillo: ¿Cabe en los medios de comunicación una imagen de la Iglesia Católica simpática, luchadora por los más desfavorecidos, no enquistada entre delitos sexuales? Es muy probable que el lector avistado piense que no es posible tal cosa, incluso para el que estima que sería justo, pero no lo juzga viable. 

He vuelto a releer una obra de dos profesores universitarios que plantean el problema: Nueva izquierda y cristianismo fue publicada en 2011 y plantea con especial rigor, algo que tal vez ha adquirido más actualidad con el advenimiento del Partido Socialista al poder. Estimo que el problema reside en que la izquierda dominante no busca soluciones económicas a la situación general, sino que realiza una tarea de ingeniería social destinada a cambiarnos como indican Contreras y Poole autores de la citada obra. Si la Iglesia es un baluarte contra tal movida obtendrá la palma del martirio.

El discurso de la ministra

Escribe Alfonso Bullón: "Somos muchos los que pensamos que hay que trabajar por la excelencia del sistema educativo en su conjunto, y que son los padres, y no el Estado, quien en un régimen de libertades como el que disfrutamos deben elegir el modelo de educación que desean para sus hijos".

EL discurso de la ministra de Educación y Formación Profesional ante la comisión del mismo nombre del Congreso de los Diputados responde a lo que cabía esperar: el avance de las líneas maestras de un programa de gobierno lleno de buenas intenciones. El problema es que cuando se profundiza en su contenido se observa que, junto a algunas ideas interesantes y tópicos difíciles de evitar, aparecen afirmaciones muy discutibles.

Separar por sexos en el colegio no es discriminación

El Tribunal Supremo lo deja claro a toda España: separar a niños y niñas en la escuela no es discriminación.

Durante años, en España, las comunidades autónomas con Gobiernos más anticlericales han intentado atacar a los colegios que separan a chicos y chicas en distintas aulas −práctica muy común y valorada en todo el mundo− acusándolos de "discriminación por razón de sexo" y retirándoles financiación.

Ahora, por primera vez en España, el Tribunal Supremo deja claro que separar a niños y niñas en los colegios, en aulas distintas, no es discriminatorio.

Y lo dice justo al día siguiente de que la Consejería de Educación andaluza publique en su boletín oficial que rechaza financiar los cursos infantiles de colegios de educación diferenciada para 2017-2018.

Escuela concertada, garantía de libertad

La educación no debe ser moneda de cambio en las negociaciones para formar un nuevo Gobierno. La sociedad debe exigir que se respeten los derechos de las familias y de los centros concertados

Si el año pasado lo despedíamos con unos resultados electorales abiertos a múltiples lecturas e interpretaciones, hemos empezado el nuevo con la incertidumbre acerca de cómo va a quedar configurado el nuevo Gobierno de nuestro país. Y, como consecuencia, persisten de momento las dudas sobre los derroteros que puede ir tomando la política educativa en los próximos tiempos.

Quienes nos movemos en el ámbito de la educación seguimos con interés, y ciertas dosis de preocupación, el desarrollo de las negociaciones −difíciles, al parecer, y no exentas de algunos giros efectistas y posturas personalistas− entre los diferentes partidos políticos. Pero no se trata solo de permanecer a la espera de los acontecimientos. Queremos reiterar ante la sociedad española, con argumentos sólidos, que la libertad de enseñanza efectiva es un valor para el conjunto de la sociedad, al posibilitar la existencia de escuelas dotadas de un proyecto educativo propio, plurales y diversas, y que los centros concertados aportan libertad, equidad y calidad a la educación.

‘La concertada beneficia a la pública’

El nuevo Presidente de CECE nos abre su despacho para responder a las críticas contra los conciertos

Durante diez años, Alfonso Aguiló dirigió el colegio Tajamar, en el barrio madrileño de Vallecas; preside la Fundación Arenales, que ha abierto cinco colegios en cinco años; y desde hace dos semanas es Presidente de CECE, la segunda patronal de centros concertados. Nos abre su despacho para responder a las críticas contra los conciertos

La enseñanza concertada, ¿se beneficia de que le vaya mal a la escuela pública?

Para nada. Yo deseo que la enseñanza pública vaya, no sólo bien, sino cada vez mejor, porque ahí se educan tres cuartas partes de los niños del país, y es importantísimo que vaya bien. Es más, creo que la presencia de un espectro amplio y diverso de centros nos estimula a todos a mejorar, y beneficia también a la pública. Además, los millones de alumnos que estudian en nuestros centros suponen un ahorro económico muy grande para la Administración, y esto permite que la pública pueda estar mejor financiada. También en esto la concertada presta un gran servicio.

¿Y por qué la Iglesia goza del privilegio del sistema de conciertos?

Hay quien piensa que dar un concierto a un centro educativo es subvencionar a la Iglesia. Quien dice eso, olvida que cuando se subvenciona un centro católico, judío, musulmán o ateo, se subvenciona a la familia que lo recibe. Una familia que paga impuestos y tiene hijos en edad escolar, a los que el Estado también tiene la obligación de financiar su enseñanza. No se financia a la Iglesia, sino a las familias. Cuando hay gente que pide que no se financie a las asociaciones católicas en la enseñanza, propone que se discrimine a las personas o a las instituciones por tener una creencia religiosa concreta. Y eso me parece un retroceso democrático asombroso, propio de Corea del Norte o de la Unión Soviética, no de España.