Alfred Heiss, un mártir de la conciencia

Entre las personas que se negaron a prestar el juramento de fidelidad a Adolf Hitler se encuentra Alfred Heiss, que fue condenado a muerte por «socavar la fuerza de defensa» y murió valientemente como un verdadero mártir.

 José M. García Pelegrín, en omnesmag.com/

Entre los que se opusieron al régimen nazi se encuentran quienes se negaron a prestar el juramento de fidelidad a Adolf Hitler cuando fueron llamados al Ejército. 

La mayoría de quienes decidieron dar este paso —a sabiendas de que les supondría la pena de muerte— eran Testigos de Jehová; ahora bien, estos lo hicieron por oposición a todo servicio de armas y no específicamente al nacionalsocialismo. Sin embargo, una veintena de católicos y unos diez cristianos evangélicos rehusaron, por motivos de conciencia, prestar “obediencia incondicional al Führer del Reich y Pueblo Alemán, Adolf Hitler”, como se exigía al hacer la jura de bandera.

De nuevo se ataca el derecho a la objeción de conciencia

   No se concibe que una persona se vea obligada a realizar comportamientos que contradigan los designios de su conciencia, salvo exigencias del orden público o de un aquilatado bien común

   En los actuales debates que tienen lugar en Francia ante la reforma de la Ley Leonetti sobre el fin de la vida y la transformación de la naturaleza jurídica del aborto, se plantea −no es original− la supresión de la cláusula de conciencia de los médicos. En el país vecino es un concepto más amplio que la objeción, tipificada en normas especiales: el código de deontología médica concede a los facultativos el derecho a negar sus servicios por razones profesionales o personales, excepto en caso de emergencia o si afectase al propio deber de humanidad.

Ante el proyecto de ley sobre la sanidad, un grupo de diputadas que promueven los derechos de la mujer, presentará una enmienda destinada a suprimir la excepción que permite a los médicos negarse a realizar abortos. El código prevé que el facultativo que no presta sus servicios oriente al paciente hacia un colega que pueda atenderlo. En el caso de la interrupción del embarazo se le obligaría a intervenir sin objeción alguna. Como también en otros supuestos de entidad ética, como la esterilización con fines anticonceptivos o la participación en investigaciones con embriones.

Otra vez la objeción de conciencia

   Objeciones de conciencia puestas en marcha por seres humanos que no están dispuestos a vender su alma ni al diablo, ni al poder político de turno, ni a la ‘opinión pública’, a la moda, ni a ‘lo que se lleva por ahí’…

   El Tribunal Supremo de los Estados Unidos −al menos esta vez− ha medido muy bien sus palabras, y ha “admitido el derecho de una cadena de tiendas −más de 500 establecimientos en todo el país y muchos miles de empleados− a quedar exenta de la financiación obligatoria del aborto, al contratar seguros para sus empleados”.

   Obama no deja de insistir −entre una foto con un Papa y con otro Papa− en su intento de imponer a toda costa en su país un seguro, que cubra cualquier paso que un empleado desee llevar a cabo para vivir, personalmente, “la anticoncepción, el aborto y la esterilización”. Obama no ha llegado a incluir ese programa en un proyecto de seguro de enfermedad que paguen todos los ciudadanos, como ocurre en el país en el que vivimos. Quiere, sin embargo, que la misma injusticia social y aberración humana sea pagada por las empresas que ofrecen puestos de trabajo. Lógicamente, muchas empresas se han opuesto a semejante acto dictatorial, y más de 300 han presentado recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Supremo.

Newman en el Tribunal de Derechos Humanos

   La posición del cardenal beato John Henry Newman ha traspasado las fronteras de la moral para ser acogida por el derecho

      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de pronunciar una importante sentencia –‘Eweida y otros v. United Kingdom’− donde se resuelven sendos recursos presentados por cuatro ciudadanos británicos en materia de libertad religiosa y no discriminación, derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dos de ellos están relacionados con la utilización de simbología religiosa, mientras que los restantes vienen referidos a la negativa a desempeñar tareas profesionales contrarias a las convicciones religiosas del trabajador, es decir, a la objeción de conciencia.

Una sentencia con cuatro caras

      El primer recurso −el único estimado por el Tribunal− fue presentado por Ms. Eweida, una azafata de British Airways, cristiana copta, que fue suspendida de empleo y sueldo por su negativa a desprenderse de un colgante con una pequeña cruz, tal y como disponían las normas internas de la compañía aérea. El Tribunal consideró que dicha suspensión vulneró su derecho a la manifestación religiosa. 

Objetor contra la anticoncepción: ‘Son cuestiones graves’

"La mentalidad anticonceptiva provoca una cerrazón ante el don de la vida" y con ello "lo que está en juego es una gran cuestión ética de enorme trascendencia: la acogida y el amor hacia la vida posible"

Vicepresidente del patronato de la Fundación Privada Hospital de Sant Celoni por ser párroco de esa localidad, Ignasi Fuster presentó su dimisión a este cargo el pasado 10 de marzo por razones de conciencia.

      No quería participar en la dirección de un centro en el que —como en tantos otros, incluso católicos— se practicaban vasectomías y se dispensaba la píldora del día después.

      En la siguiente entrevista concedida a ZENIT, el sacerdote afirma que «la mentalidad anticonceptiva provoca una cerrazón ante el don de la vida» y con ello «lo que está en juego es una gran cuestión ética de enorme trascendencia: la acogida y el amor hacia la vida posible».

¿Cuándo empezó su malestar con el cargo en el hospital?

 Cuando llegué a la parroquia hace cuatro años, me llegó, por diversas vías, que en el hospital había prácticas contrarias a la moral católica: se realizaban vasectomías (esterilizaciones masculinas) y se dispensaba la píldora del día después.

¿Cómo actuó?

Intenté cambiar las cosas. Pedí, sobre todo al presidente del patronato, la exención, en nuestro hospital, de estas prácticas, y también de dispensar la RU-486, lo cual está previsto en la nueva ley del aborto, aunque en el hospital no se distribuía esta píldora abortiva.

Estuve cuatro años luchando a base de conversaciones, diálogo, de intentar cambiar las cosas hasta que llegó un momento en que sentí agotadas mis posibilidades y presenté mi dimisión.

Lo hice alegando que yo era vicepresidente del patronato y los orígenes eclesiásticos del hospital. Pero los demás miembros del patronato no vieron bien esta demanda.

¿Cuál es la composición del patronato?

El patronato de la Fundación Privada Hospital de Sant Celoni está compuesto por un presidente, cargo que corresponde al alcalde de Sant Celoni; un vicepresidente, cargo que corresponde al párroco, y el juez de paz de la localidad, además de cuatro miembros designados por el alcalde y otros cuatro designados por el párroco.

¿Entonces usted vio la necesidad de dimitir?

Llegó el momento de defender la propia libertad y la propia conciencia. La única solución que tenía era retirarme del hospital, porque no podía estar al frente de una institución —formando parte del órgano de gobierno— que va contra mis principios de fe y de moral, porque al final está el Dios de la vida. Hice un ejercicio de coherencia.

Me amparé en el derecho que hay en la Constitución a la objeción de conciencia por razones ideológicas y religiosas, ante notario.

Fue una decisión personal del párroco, Ignasi Fuster, que es quien ocupa el cargo.

¿Qué reacciones ha suscitado su renuncia?

En el pueblo hay muchas personas que aunque no están de acuerdo conmigo, sí han reconocido y han sabido valorar que yo era coherente con lo que creía y con mi visión de estos aspectos de la sexualidad y de la vida.

También ha habido gente que se ha alegrado con la decisión. Supongo que sienten la responsabilidad de la Iglesia en los tiempos difíciles que vivimos.

Su cargo en el patronato del hospital ahora está vacante. ¿Han cambiado en algo las prácticas que le llevaron a dimitir?

Se continúan haciendo estas prácticas, como es lógico. Con las reducciones presupuestarias, me parece que las vasectomías no se realizan, pero sería algo circunstancial, por una razón económica en el marco de una reducción de servicios, no por convicción.

¿Qué prácticas que se realizaban en el Hospital de Sant Celoni considera perjudiciales y por qué?

Se hacían esterilizaciones; sólo vasectomías, no se realizaban ligaduras de trompas porque hay servicio de Ginecología, pero no de Obstetricia.

También se dispensa la píldora del día después, aunque no se realizan abortos quirúrgicos ni selección de embriones.

A mí me decían que la píldora del día después no es abortiva, pero yo defiendo que tiene un doble efecto: anticonceptivo, pero también abortivo, si ha habido concepción.

La pastilla intenta inhibir la ovulación y "dispara" si ha habido concepción: evita que se implante en el útero. Para mí como persona de Iglesia son cuestiones graves.

El Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe Dignitas personae (2008) recuerda que esta píldora es "interceptiva", es decir, intercepta el embrión y lo elimina.

¿Por qué se opone a las vasectomías?

Las vasectomías son esterilizaciones masculinas y, al igual que las ligaduras de trompas, acaban por tanto actuando como un método anticonceptivo.

Pero, ¿cómo entender que un ser humano se esterilice? La posibilidad de engendrar es una capacidad que pertenece al ser humano. La privación de esta potencialidad no respeta esta dignidad.

Pienso que el hombre debe vivir ante el misterio de la nueva vida en una actitud de apertura o de hospitalidad.

En cambio, la mentalidad anticonceptiva provoca una cerrazón ante el don de la vida. Entonces, ¿qué será de nuestra sociedad si se pierde este sentido de la acogida? Pienso que nos jugamos cosas importantes.

Por otra parte, la Iglesia habla de una paternidad y maternidad responsables. Pero esto está muy lejos de lo que significa esterilizarse.

Lo que está en juego es una gran cuestión ética de enorme trascendencia: la acogida y el amor hacia la vida posible.

Pero al ser un hospital de la red de centros públicos, ¿no es obligado para un hospital ofrecer estos servicios?

Deberíamos poder contratar los servicios que nos interesan y los que no, no; porque el hospital no es público, aunque se pague con dinero público; tiene una identidad propia. Estamos en la red pública pero no somos público, deberíamos tener libertad para contratar lo que consideremos.

El hospital recibe dinero público, sin el cual sería inviable, pero es lógico que podamos decidir los servicios que contratamos. Deberíamos poder decir que estos servicios en concreto, una proporción pequeñísima, no los contratamos. Pienso que se debería respetar la identidad en parte eclesiástica de ese hospital.

ZENIT.org

LAS OBJECIONES DE CONCIENCIA

En esta interesante entrevista el Dr. Navarro Valls aborda múltiples temas de actualidad, entre ellos la objeción de conciencia planteada por muchos ciudadanos en los últimos años.

«En ocasiones, la objeción de conciencia es fruto de lo que podríamos llamar "la mala conciencia del poder"»

Rafael Navarro-Valls es uno de los mayores expertos en nuestro país en Derecho Constitucional y Jurídico. Acaba de publicar un libro sobre un tema espinoso: las objeciones de conciencia que, en su opinión, «muchas veces es la manifestación de la mala conciencia del poder». Aborto, eutanasia, Educación para la Ciudadanía... son algunos de los aspectos que se abordan en esta entrevista. 

      Hermano de Joaquín Navarro-Valls, jefe de prensa durante el pontificado de Juan Pablo II, Rafael ve con emoción la próxima beatificación de Wojtyla, aunque niega que su subida a los altares suponga para Benedicto XVI un problema: «Se beatifica a la persona, no se reivindica todo el pontificado de Juan Pablo II».

    Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy estamos (por sus obras le conocerán, incluso por haber estado aquí ya un par de veces) con don Rafael Navarro Valls. 

Muy buenos días y bienvenido a Religión Digital de nuevo.

Bienvenido de nuevo, efectivamente.

Hoy viene don Rafael a presentarnos un libro que ha escrito junto a otro catedrático de la Complutense, Javier Martínez Torrón. El libro se llama "Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia". Un tema, como ustedes verán, muy de actualidad en la España de hoy y en Occidente. 

Hablábamos antes de la entrevista que se está produciendo un boom de objeciones, y usted comentaba que viene motivado por una especie de incontinencia del poder.

Sí, yo a ese boom del que habla usted, le llamo "big-bang" de objeciones de conciencia: de un núcleo que era la objeción del servicio militar, han empezado a surgir la del aborto, la del jurado, la de los tratamientos médicos, la de llevar o no un traje adecuado a las propias convicciones, la de rechazar contenidos educativos lesivos a la propia conciencia, etcétera. Y eso, usted lo acaba de adelantar, yo lo atribuyo a una cierta incontinencia normativa del poder, que está produciendo una cascada de leyes que inciden demasiado en la intimidad de la conciencia. Los juristas solemos decir con cierta ironía que, a veces, «los amantes de las leyes y los amantes de las salchichas no deberían ser testigos del proceso de su fabricación». Mejor no saber qué habrán metido dentro. En ocasiones, con las leyes va pasando eso: se lanzan algunas que internamente han quedado lastradas por un contenido no estrictamente justo. De ahí las objeciones de conciencia.

¿Dónde está el límite entre libertad-conciencia-leyes? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hemos sobrepasado la línea roja?

Lo primero que quiero decir es que la objeción de conciencia es parte del derecho fundamental de libertad de conciencia, por tanto, su tutela ha de ser amplia. Segundo, todo derecho fundamental tiene también sus limitaciones. Le voy a poner algunos ejemplos. Conviene distinguir entre las objeciones que implican un no hacer (no formar parte de un jurado, no realizar un aborto, no asistir a unas clases etc...) de aquellas otras que implican un hacer algo contra la norma. En las primeras, el peligro social es menor y su tutela ha de ser lo más amplia posible. Las segundas conviene examinarlas más detenidamente. Por ejemplo, hace años, cuando el estado de Utah se formó dentro de Estados Unidos, los mormones quisieron que se aceptara —como objeción de conciencia— su concepción poligámica del matrimonio, que implicaba un actuar positivo (tener varias mujeres). El Tribunal Federal de Estados Unidos (caso Reynolds) hizo notar que la objeción de conciencia debía de ser tutelada dentro de unos límites. Y en esos límites estaba la poligamia, dado que la monogamia era una concepción de todo Occidente. 

Veamos el tema de los crucifijos. Cuando un padre plantea objeción frente a un crucifijo en una escuela, tiene el límite de que los otros veintinueve padres de su clase quieren educación con crucifijo. De ahí que no puede imponer sus convicciones a la mayoría (expulsar el crucifijo, un actuar positivo), si no demuestra que esa pasiva exposición del mismo supone una efectiva lesión para su hijo. Es lo que acaba de decir el Tribunal de Derechos Humanos en el caso Lautsi.

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ReligionDigital.com (Entrevista de Jesús Bastante) / Almudí

Rafael Navarro-Valls: «Existen fundadas esperanzas de que, al final, los padres objetores sean tutelados en sus derechos»

    En una importante entrevista que la agencia Zenit ha publicado en dos entregas, el profesor Rafael Navarro-Valls -Catedrático de Derecho la Universidad Complutense, Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y una de las primeras autoridades internacionales en el tema de la objeción de conciencia-  se ha referido de manera pormenorizada a la razón de ser, los límites y las aplicaciones de esta “derivación evidente del derecho fundamental a la libertad de conciencia, un verdadero derecho humano“.

   Navarro-Valls no elude ningún tema -posibilidad de la objeción fiscal, servicio militar, ley espaola del aborto, diagnóstico prenatal..- y aborda también específicamente, en respuesta a una pregunta de la periodista de Zenit, la objeción de conciencia de los padres a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Su posición es muy clara: “la imposición legal de una asignatura de formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos puede ser una clara infracción de los derechos constitucionales que corresponden a los padres, y que justifican que la lesión del derecho fundamental de libertad de conciencia sea amparado”.

   “En esa línea -continúa-  se mueve la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Folgero y Zengin, 2007) y la del TS de los Estados Unidos de América que, en el caso Yoder (1972) (…). De ahí la severa crítica que ha recibido el TS español al decretar en febrero de 2009, el rechazo de la objeción de conciencia planteada por numerosos padres ante la asignatura de Educación a la Ciudadanía (…).  Existen fundadas esperanzas de que, al final, los padres objetores sean tutelados en sus derechos“.

Reproduzco el enlace al texto integrado de la dos entregas de la entrevista de la Agencia Zenit al Profesor Navarro-Valls: “La objeción de conciencia y la dignidad de la persona (I)” (24/02/2011) y “La objeción y la cuestión del aborto (II)” (25/02/2011).

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PROFESIONALES POR LA ÉTICA

"Nadie puede obligarme a actuar contra mi conciencia"

   En la actualidad, hay cuatro cuestiones principales donde los españoles están invocando la objeción de conciencia: la asignatura de Educación para la Ciudadanía; la venta de la píldora del día después; las uniones de parejas del mismo sexo; y el aborto. El Consejo de Europa acaba de ratificar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios ante el aborto. El Tribunal Superior de Castilla La Mancha también ha reconocido la objeción. Y en Andalucía se amontonan —sin resolver— las peticiones de objeción ante el aborto. Sobre estas cuestiones hablamos con José Antonio Díez, Coordinador General de Asociación Nacional de Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC).

   Con la aprobación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de marzo pasado, la batalla por la objeción de conciencia tomó un cariz distinto, ya que, aunque esta ley admite, en términos muy genéricos, este derecho de los profesionales "directamente implicados en esa práctica", les obliga "a manifestar su objeción de anticipadamente y por escrito". E indica que "el ejercicio de la objeción de conciencia no debe impedir que el acceso y la calidad asistencial" del derecho a solicitar el aborto, haciendo primar este sobre la libertad de los profesionales sanitarios.

   Según José Antonio Díez, coordinador general de ANDOC (Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia) «entre el 90 y el 98% de los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública son contrarios al aborto. En muchos casos, hacen pública su objeción de conciencia; en otros, simplemente, se niegan en la práctica». Entre los que están a favor de la objeción, algunos se oponen a que se regule por ley y otros no. 

   Para aclarar algunos conceptos hemos recurrido a este abogado, portavoz de unas de las plataformas más importantes en España que están defendiendo este derecho reconocido por nuestra Constitución. 

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Agea.net (Entrevista de Darío Chimeno)

Publicado originariamente en “Mundo Cristiano” Almudí

OBJETORES CRIMINALES

  Es importante la resolución del Consejo de Europa sobre la objeción de conciencia, pero sería ilusorio pensar que esta cuestión está resuelta. Juan Manuel de Prada nos lo recuerda con una conclusión pesimista. Pienso que, si nos empeñamos, la batalla la ganaremos a largo plazo.

  En unos pocos años, los objetores de conciencia se convertirán en seres asociales, en peligrosos criminales.

   La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobaba el otro día una resolución por la que solicita a los Estados miembros que respeten el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que se nieguen a perpetrar abortos. Tal resolución se adoptó después de una votación apretadísima; y como resultado de la tramitación de sucesivas enmiendas a un texto originario que proponía exactamente lo contrario: es decir, exhortar a los Estados miembros a impedir el ejercicio de tal derecho, convirtiendo a los objetores en criminales. Ingenuamente, podríamos creer que se trata de una victoria de la objeción de conciencia; cuando, en realidad, se trata de una paso más en la paulatina conculcación de este derecho, que se ha convertido en una suerte de «concesión graciosa» que los Estados permiten, cuando y como les apetece o conviene. Pues desde el momento en que aceptamos que los derechos humanos, «indivisibles, inviolables e inherentes» a la persona, pueden ser remodelados, redefinidos, desnaturalizados o simplemente negados mediante votaciones o mayorías parlamentarias, hemos aceptado su conculcación.


   Quienes promueven esta desnaturalización actúan de forma muy astuta, en su propósito de crear artificialmente una «opinión pública» favorable a sus manejos. Para lograr sus propósitos, desarrollan un activismo incansable en los organismos internacionales, donde se redactan textos en los que se redefinen constantemente los derechos humanos. Tales textos carecen de valor jurídico, pero tienen una gran importancia política, pues —por estar bendecidos desde instancias de tanto «predicamento»— crean un espejismo de «consenso internacional» y aparecen revestidos de una legitimidad de la que en realidad carecen. El Consejo de Europa es uno de los centros favoritos de los promotores del Nuevo Orden Mundial, desde el que se evacuan documentos sin valor jurídico que luego son asumidos por el activismo proabortista e introducidos en el lenguaje político, hasta que acaban siendo adoptados por los Estados, que a la vez que fingen obedecer una instrucción internacional pueden presumir de respetar los procedimientos democráticos (votaciones, mayorías parlamentarias, etcétera). Así se impone una nueva y más sibilina forma de totalitarismo que, a diferencia de los totalitarismos antañones, ya no actúa desde una esfera política exterior, sino modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior o conciencia del individuo, mediante la manipulación de la «opinión pública» (que es como eufemísticamente se llama al rebaño sometido y adoctrinado).


   En esta votación los promotores del Nuevo Orden Mundial no consiguieron aprobar un texto que satisficiera sus propósitos, por un levísimo error de cálculo. No importa: volverán a intentarlo en unos pocos años, y lograrán aprobar la ansiada resolución que exhorte a los Estados miembros a impedir el ejercicio de la objeción de conciencia. Cuando los Estados miembros la incorporen decididamente y sin ambages a sus legislaciones (en España ya la están incorporando sibilinamente, convirtiendo a los objetores en apestados), la «opinión pública» habrá dejado de resistirse. En unos pocos años, los objetores de conciencia se convertirán en seres asociales, en peligrosos criminales que pretenden impedir el libre ejercicio del sacrosanto "derecho al aborto". Así actúa el Nuevo Orden Mundial: con la irreprochable lógica del Mal. 

JUAN MANUEL DE PRADA

RELIGION EN LIBERTAD

Por la libertad de las conciencias

Buenas reflexiones de Scriptor acerca de la resolución del Consejo de Europa sobre la objeción de conciencia

Hace unos días escribí sobre las dudosas expectativas acerca del respeto a la libertad de conciencia en los profesionales y las instituciones de sanidad (Sofística en el Consejo de Europa: "salud reproductiva" como "derecho al aborto" en el Informe MacCafferty), en espera de un documento del consejo de Europa sobre el particular.

    Hoy ha aparecido el documento esperado, y resulta contradecir de modo explícito lo planteado en el "Informe MacCafferty". No hay contento y alegría que más serena y pacíficamente se reciba en algo de este tipo que el ver defendida la dignidad de las personas y —también, por eso— derrocada una propuesta sofística y totalitaria como la que planteaba ese Informe.

    Lo refiere muy bien Profesionales por la ética, ya desde su título: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ratifica el derecho de médicos y hospitales a negarse a provocar abortos y practicar la eutanasia:

    la votación celebrada hoy en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no sólo ha rechazado los presupuestos del Informe McCafferty y la propuesta de resolución que limitaba el derecho a la objeción sino que ha aprobado una Resolución alternativa (nº 1763) titulada Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica.

    Es una gran noticia poder leer en el primer párrafo de esa Resolución:

    1. Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón.

    Es también un gran logro de las personas e instituciones que, con palabras, razones y acciones interesadas en defender la dignidad de las personas, han llevado adelante un continuo esfuerzo, poco conocido, para asentar el respeto a esa dignidad en las complejas entrañas de la actual Europa.

    Vaya para ellos y ellas el ánimo agradecido de estas líneas. También para lo mucho que queda por hacer. 

Juan José García Noblejas

El Consejo de Europa debate sobre la objeción de conciencia

Una propuesta de resolución en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa vuelve a poner en tela de juicio el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, con el objetivo de facilitar el aborto y la eutanasia.

El próximo día 7 de octubre tendrá lugar en el Consejo de Europa un debate clave sobre el derecho la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Los parlamentarios europeos analizarán y votarán el proyecto de resolución titulado “Acceso de las mujeres a cuidados médicos legales: problema del recurso no regulado a la objeción de conciencia”, presentado por la eurodiputada británica del Partido Social Europeo Christine McCafferty.

		Propone limitar de tal modo la objeción de conciencia que termina por convertir el derecho en una excepción

A petición de los miembros del propio Consejo de Europa, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia ha elaborado un memorándum en el que advierte seriamente de que, de acuerdo con el derecho europeo e internacional, varias de las recomendaciones de la resolución violan de una manera grave la libertad de conciencia de los médicos.

ACEPRENSA
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PARTE DE GUERRA

        Ya han pasado cuatro años desde que se inició la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la ciudadanía. Prosigue la defensa de este derecho fundamental de los padres a educar libremente a sus hijos. Alba recuerda el camino recorrido en estos años

          Han pasado cuatro años -y tres ministros de Educación- desde que un grupo de madres de Bullas (Murcia) decidiera, en la primavera de 2006, informar al resto del pueblo de la amenaza que a su juicio suponía una nueva asignatura: Educación para la Ciudadanía.

          Sin saberlo, estas madres iniciaban entonces un movimiento cívico que habría de involucrar a miles de padres, plataformas y asociaciones y que se convertiría en la resistencia pacífica más importante del siglo XXI español.

          Pero, ¿a qué temían esas madres de entonces? A un proyecto del que dio pistas el catedrático de Filosofía del Derecho, Gregorio Peces Barba, en un artículo publicado en El País en 2004. “Necesitamos una asignatura sobre la educación en valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural ni oportunista (…) y que exige una estabilidad y una permanencia para que pueda producir frutos. (…) El Estado debe tomarse en serio la asignatura y debe darle estatus de materia principal, evaluable y explicada por profesores solventes y competentes. (…) Sólo con ser capaz de poner en marcha esta asignatura, el Gobierno habrá justificado su legislatura”, dijo.

          Y poco tiempo después, el presidente Rodríguez Zapatero confesó al escritor Suso del Toro la existencia de un “proyecto”. “Un proyecto de alcance en valores culturales y, por tanto, ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica de la España moderna por mucho tiempo”.

Diálogo cero
        Así pues quedaba clara la existencia de un plan que el movimiento objetor ha denominado “de ingeniería social” y que tiene como objetivo transformar la mentalidad de los españoles con “tres nuevos dogmas emancipadores: laicismo, relativismo e ideología de género”.

          Las primeras concreciones de ese plan quedaban plasmadas en los borradores de EpC, en la primavera de 2006. Profesionales por la Ética pidió entonces una reunión con la ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo. Esta primera negativa -la entrevista nunca fue concedida- marcaría el tono negociador del Gobierno durante todo el conflicto de EpC: diálogo cero con quien critica el proyecto educativo.

          Aunque la asignatura no empezaría a impartirse hasta el curso 2007-2008, la resistencia social ya estaba en marcha mucho antes. A esas madres murcianas seguirían otras más, y en octubre de 2006 se presentaba públicamente el Observatorio para la Objeción de Conciencia a EpC, una iniciativa de Profesionales por la Ética, Hazte Oír, Foro de la Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro y otras asociaciones. Nacía poco después la guía Los padres elegimos, que ha encontrado desde entonces una amplísima difusión.

          Abril de 2007 marcaría otro hito en la batalla de EpC. Se presentaron en Toledo y Madrid las primeras objeciones a la asignatura. Irían seguidas de la objeción casi en masa del colegio madrileño Monte Tabor -90% de los padres- y de las de las alumnas del centro toledano de la Compañía de María.

          Dos meses después, en junio, nace en Lucena (Córdoba) la primera plataforma de padres objetores. Ellos fueron los primeros en unir esfuerzos en la lucha por la libertad educativa, pero desde luego, no los únicos ni los últimos. Un año más tarde había más de 50 plataformas y hoy rondan el centenar e incluso se han constituido en una federación nacional, España Educa en Libertad.

          Pero volvamos al verano de 2007. Comienzan las presiones y amenazas por parte de la Administración educativa, asombrada por una resistencia tan extendida. El Gobierno castellanomanchego anuncia que EpC es obligatoria y que no cursarla implica “el suspenso, la no promoción y la no titulación”.
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, echaba más leña al fuego al afirmar en rueda de prensa que los alumnos cuyos padres objetaran a EpC no podrían pasar de curso. Afirmaciones que fueron corroboradas por la titular de Educación, Mercedes Cabrera, que se vio obligada a rectificar días después, el 18 de julio. Entonces Cabrera dejó a los alumnos en manos de las comunidades autónomas.

          Y así el problema de EpC se agrava todavía más. En Madrid los objetores cuentan, en principio, con el respaldo del Gobierno, pero en Cataluña o Andalucía, por ejemplo, los padres tienen que recurrir a los tribunales. El colegio Abat Oliba de Barcelona asegura que no impartirá en sus aulas ideas contrarias al ideario del centro y pronto ve amenazado el concierto educativo. Llegan así los recursos judiciales, los poderes notariales, abogados…comienza el periplo judicial.

          Mientras tanto, la expectación creada por la asignatura y sobre todo por el movimiento objetor lleva a un periodista de El País a ‘colarse’ en la primera clase de Ciudadanía de un colegio público de Barcelona. “Hasta ahora parece que lo más normal es que un chico se sintiera atraído por una chica y al revés. Pero alguien del sexo masculino se puede sentir atraído por otro del mismo sexo, y lo mismo el sexo femenino. ¿Os parece bien?, inquiere el profesor. Sí, se escucha, y el profesor da este argumento: el sexo es una cosa y la preferencia sexual otra”. El periodista narraba la clase y los objetores confirmaban que sus temores ante EpC no eran infundados.

Ni un paso atrás
          Continúa la lucha y en febrero de 2008 se celebra el primer Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia a EpC. Por primera vez la resistencia al adoctrinamiento tiene cara, nombre, historias particulares que se unen en un grupo sólido dispuesto a seguir adelante. Y nace su indiscutible lema: “Ni un paso atrás”.

          Cuando la polémica copa ya las páginas de educación de los diarios nacionales, llega la primera sentencia, en marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor de la objeción de unos padres de Bollullos Par del Condado. El mismo órgano confirmaría dos meses más tarde el carácter ideológico de la asignatura, dando impulso a una lucha que contaba cada vez con más militantes.

          El peso social del movimiento no pasa inadvertido y, en plena campaña electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que reconocerá y apoyará a los padres objetores.
Poco después, a finales del curso 2007-2008, el Partido Popular manifestaba su apoyo al movimiento objetor en unas declaraciones que, sin embargo, no vendrían acompañadas de hechos en muchas de las comunidades gobernadas por populares. Por entonces se presentaban en España más de 100 objeciones diarias, había casi un centenar de asociaciones y casi una veintena de fallos judiciales que daban la razón a los críticos con EpC.

ALBA

El farmacéutico y la "píldora del día siguiente"

Os presento este estudio de Pau Agulles Simó, Farmacéutico y Profesor de Teología Moral, Pontificia Università della Santa Croce. Es de especial interés para los farmacéuticos y para todo el que esté interesado en el tema.

Ante la decisión de algunas Comunidades Autónomas de incluir en el stock mínimo o de urgencia la llamada «píldora del día siguiente» (PSD),muchos farmacéuticos españoles se han cuestionado si se trata de un fármaco que puede plantear problemas éticos, en lo que se refiere a su dispensación, debido al efecto que se le atribuye [1].

Sirva como ejemplo el ya conocido y relativamente reciente caso de Andalucía: la Consejería de Salud de la Junta emitió un Decreto [2], por el que se regulaban las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución. En su disposición final primera la norma autorizaba a esta Consejería a actualizar el contenido del anexo referente a stock mínimo o de urgencia, por razones de interés terapéutico o de relevancia; asimismo, se concedía a los titulares de las oficinas de farmacia el plazo de tres meses para que se proveyeran de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en las existencias mínimas.

Con una celeridad inusitada, la Consejería de Salud aprobó en una Orden del 1.6.2001 [3] la actualización del contenido de dicho anexo, añadiendo al mismo sólo el principio activo levonorgestrel 0,750 mg (como el conocido Norlevo, una de las llamadas «píldoras del día siguiente», anticonceptivos postcoitales o de emergencia), y los preservativos. Se trató de una decisión verdaderamente insólita y conflictiva, ya que ese anexo no se modificaba desde hacía 40 años, y estaba desfasado y obsoleto en casi todas las áreas terapéuticas, pareciendo cuanto menos extraño que asumiera esta única modificación.

Con esta motivación, entre otras que veremos, algunos farmacéuticos que pretendían eludir la dispensación del fármaco presentaron recurso a la Orden, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tratemos de averiguar la motivación que lleva a estos farmacéuticos a plantearse un problema de conciencia ante la obligación de la tenencia y dispensación de los anticonceptivos de emergencia.

BIOETICAEN LA RED
ALMUDÍ
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