Eutanasia, la solución equivocada

«La experiencia de cerca de cincuenta años al servicio del enfermo permite sostener que cuando un paciente y su entorno experimentan los cuidados paliativos nunca más vuelven a pensar “en querer morir”. Qué contraste de planteamiento frente a la eutanasia, para la que no existe una demanda social real, pues la mayoría desconoce por completo los beneficios de los cuidados paliativos»

Es sabido que el Gobierno busca aprobar una ley de eutanasia, sin consenso, sin alternativas. Me viene a la memoria un estudio elaborado junto a la doctora Lacasta en el servicio de Oncología Médica de La Paz sobre 340 pacientes en fase terminal. Quisimos detectar las causas profundas del sufrimiento y la desesperanza, así como la manera de ayudarles potenciando los factores para afrontarlos. 

De aquel estudio concluimos que son la familia y los amigos, los profesionales sanitarios cuando les mostramos interés y afecto, y la reflexión trascendente y religiosidad, lo que más ayuda a sobrellevar el sufrimiento al final de la vida. O lo que es lo mismo, el Amor. El sufrimiento es un cuadro complejo. Un estado afectivo, cognitivo y negativo. 

¿Existe el derecho a morir?

El derecho a la muerte se define desde el olvido de la muerte, característica de la sociedad contemporánea. La defensa de la eutanasia, lejos de ser una contradicción con ese olvido, constituye su constatación.

Afirmada como acto altruista y benevolente encubre la necesidad propia de olvidar el sufrimiento y la muerte, y la incapacidad de observar la muerte ajena. Como derecho, el derecho a la muerte se presenta como la prohibición del Derecho y la comunidad de interferir en el acto tanático para sí mismo o para otro. Pero como efecto se instaura un derecho de carácter social e indicación ética que constituye un riesgo para la vida dependiente.

Una propuesta indigna

Escribe el Dr. Gonzalez Barón: «En los más de 45 años de médico en ejercicio, solo un enfermo me planteó morir de manera persistente, y después de muchas horas y varios días, lo convencí de que siguiera con nosotros. Cuando ya se moría, un año después,…»

»…quiso darme las gracias por ese tiempo de más y haber podio disfrutar de su familia y entre otras satisfacciones asistir a la Primera Comunión de su hijo»

Me disponía a escribir un nuevo artículo sobre la dignidad del paciente y la eutanasia cuando de repente recibí por Whatsapp una entrevista que Jordi Évole le hace a mi querido amigo y colega el doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los cuatro o cinco «viejos rockeros» que comenzamos esta actividad de los Cuidados Paliativos en España. 

La eutanasia y el valor de la vida

Podemos darles muchas vueltas a los argumentos, pero sin el sentido trascendente de la vida todo vale

La polémica está planteada. Hay posiciones encontradas, pero también hay opiniones dubitativas. No es una cuestión que pueda resolverse en una discusión entre amigos −no digamos ya entre enemigos− porque hay argumentos de peso entre los que admitirían la eutanasia y los que no la admitirían nunca. 

De entrada, una persona dispuesta a votar a favor de una ley permisiva no necesariamente piensa en que él, en algún momento de la vida, recurriría a esa posibilidad, pero siempre hay una componente importante de compasión.

El legalismo de la eutanasia

Sólo se encontrarán soluciones razonables si están guiadas por el deseo de proporcionar al enfermo el entorno más humano para que pueda afrontar y asumir su muerte

Una de las supersticiones modernas es creer que basta hacer una ley para zanjar un problema. La legalización de la eutanasia se presenta como si fuera la receta mágica para solucionar el fin de la vida en una sociedad moderna y envejecida. Tal vez la costumbre de echar mano de las pastillas para problemas que requerirían la forja del carácter lleven a pensar que la “muerte digna” se soluciona con inyecciones y sustancias letales.

Afrontar el cuidado de los enfermos terminales de acuerdo con la dignidad humana es complejo ya que intervienen muchos factores: médico que exige técnica y capacidad de comunicación con el enfermo; familiar que exige cariño y espíritu de sacrificio; y por parte del enfermo exige aceptar y encontrar sentido a la propia muerte. Nada de esto es fácil y nada de esto se arregla con una ley.

Ante los interrogantes que surgen ante un enfermo terminal: ¿Se han puesto todos los medios razonables? ¿Se podría aliviar más su dolor, aunque los analgésicos abrevien su vida? ¿Se siente acompañado?, etc. El legalismo de la eutanasia no dará nunca respuesta a las dudas de conciencia de los médicos, de los parientes, del enfermo. Sólo se encontrarán soluciones razonables si están guiadas por el deseo de proporcionar al enfermo el entorno más humano para que pueda afrontar y asumir su muerte.

Italia: dignidad humana hasta el final de la vida

El texto italiano resulta francamente equilibrado: a tanta distancia de la eutanasia como del llamado encarnizamiento terapéutico 

 

      No sé si el reciente proyecto español sobre esta delicada cuestión llegará a ser debatido en la actual legislatura. He de confesar que, a diferencia del texto italiano, que aprobó el 14 de julio la Cámara de Diputados, denota gran frivolidad, sobre todo, si se tiene en cuenta que hace caso omiso al trabajo realizado hace unos años en el Senado, con amplitud de muy interesantes intervenciones.

      En Italia lo han trabajado y debatido durante varios años, hasta llegar a un texto capaz de alcanzar unos apoyos superiores a los de la actual mayoría parlamentaria: 278 votos a favor, 205 en contra, con 7 abstenciones. Entre los votos positivos, bastantes del Partido Demócrata, el principal grupo de la oposición.

      Dentro de la conocida creatividad lingüística italiana, la ley tiene un nombre larguísimo, que refleja en sí el planteamiento querido por los legisladores: "disposiciones sobre alianza terapéutica, el consentimiento informado y las declaraciones anticipadas de tratamiento". Precisa las relaciones entre médicos y enfermos, y evita que en el futuro los jueces, como en el tristemente famoso caso de Eluana Englaro, puedan adoptar decisiones en contra de la vida.

      El texto resulta francamente equilibrado: a tanta distancia de la eutanasia como del llamado encarnizamiento terapéutico. Da fuerza de ley al conocimiento informado. Y, si el enfermo ha perdido ya la conciencia, se pueden invocar las orientaciones que éste haya dejado por escrito: la declaración anticipada de tratamiento (Dat). Pero ésta no es vinculante para el médico, porque la situación real puede ser muy distinta a lo que pensaba al redactar el documento. Además, se rechaza expresamente que la Dat incluya una posible renuncia a la alimentación y la hidratación. Tampoco padres o tutores podrán tomar la decisión de interrumpir la alimentación de un paciente. La decisión corresponde a los médicos.

      Francesco D'Agostino publicó un comentario en Avvenire del 15 de julio con el expresivo título La victoria de Hipócrates. Como había escrito la víspera la diputada centrista Paola Binetti en Liberal, no tiene sentido la crítica que se hace de la ley afirmando que viola el deber de respetar la autonomía de la voluntad de la persona. El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma recuerda que el Convenio Europeo de Bioética (el Convenio de Oviedo), no afirmó la obligatoriedad de la Dat, sino el deber del médico de tomarla en consideración, como hace la ley aprobada por la Cámara.

      Por otra parte, ambos —católicos— subrayan el carácter laico y constitucional del texto aprobado, frente a quienes invocan supuestas ingerencias confesionales en la actividad parlamentaria. Binetti subraya que la ley dice sí a la vida, pero también dice sí a la libertad de enfermo y médico, respeta la conciencia de ambos, consciente de que si los dos quieren de verdad ser libres no pueden alejarse del surco trazado por la ley natural. «En la discusión de esta ley, durante muchos años, hemos buscado un equilibrio entre los diversos principios en juego, tratando de garantizar vida y libertad; competencia y escucha; piedad y solidaridad; medicina de alta tecnología y medicina de fuerte densidad humana. No hemos querido ceder ni al riesgo del abandono terapéutico, ligado a un falto respeto de la supuesta voluntad del paciente, ni tampoco al riesgo de un encarnizamiento terapéutico, inútilmente cargado de ulteriores sufrimientos para el enfermo».

      En síntesis, Paola Binetti destaca que la ley establece de veras una relación de mutua confianza y colaboración entre médicos, pacientes y familias: «en el ámbito de la relación de alianza, consiente prácticamente todo al médico y al paciente, salvo una y única cosa: el enfermo no puede pedir a otro que ponga fin a su vida, y el médico no puede poner fin a la vida del paciente de modo directo e intencional».

      D'Agostino insiste, en fin, sobre el carácter no confesional de esta ley: aplica los principios de la medicina hipocrática, que data del siglo IV a C, con su prioridad para el respeto a la vida y su rechazo frontal de la eutanasia.

Salvador BernalReligionConfidencial.com

Reflexiones ante el anteproyecto de ley español sobre el final de la vida

Andrés Ollero

   Análisis realizado por Andrés Ollero, co-director del Master de Bioética y Bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

Como es bien sabido, el artículo 3.1 del Código Civil español establece, con influjo expansivo en todo el ordenamiento jurídico, que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. No parece pues exigencia desorbitada sugerir que también el legislador debe tener en cuenta la realidad social, y no otra ideológicamente imaginada, a la hora de regularla. 

Bioéticos y juristas 

      La primera impresión que deriva de la lectura del anteproyecto es que es fruto de elucubraciones de bioéticos, no muy conocedores de la técnica y las responsabilidades jurídicas y notablemente encelados en sus debates teóricos. Al fin y al cabo, en línea con leyes anteriores destinadas a imponer a la ciudadanía un novedoso código moral, por qué renunciar a ver convertidas en ley cuestionadas teorías personales… Todo parece indicar que nos hallamos ante un planteamiento ideológico de la cuestión, que desfigura la realidad al servicio de intereses u opciones personales. 

      Si un jurista persa[1], o cualquier otro observador externo, examinara el contenido del anteproyecto llegaría a la conclusión de que en España los enfermos terminales sólo tropiezan con un grave problema, que se cierne sobre ellos como una aterradora amenaza: la obstinación terapéutica. Los profesionales sanitarios se habrían conjurado para llevar a cabo un despiadado concurso, rivalizando en quien consigue dilatar artificialmente más el momento de la muerte de sus pacientes. Realidades bien conocidas, como las que han popularizado tristemente a determinado centros sanitarios de Leganés o de Andalucía, no precisarían por el contrario regulación jurídica alguna. 

      Tampoco existiría en España ningún lobby empeñado en el adelantamiento de la muerte de los pacientes esgrimiendo su particular concepto de muerte digna, afortunadamente eliminado del texto tras revolotear no poco sobre él. De su efectiva existencia da cuenta la curiosa telepatía legal que ha presidido la elaboración de las tres normas autonómicas previas a este anteproyecto (Andalucía, Aragón y Navarra). En un alarde de autodeterminación, dan paso a fórmulas clónicas (en el contenido e incluso en la numeración del articulado) con alguna nimia originalidad de redacción como fruto ocasional del debate parlamentario. 

      Ni siquiera habría que reflexionar sobre en qué medida la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica acierta al no excluir con claridad un rechazo ilimitado de tratamientos, sin respeto alguno a la lex artis. Habría que subsanar esta situación si de veras se quiere cerrar el paso a la posibilidad de un suicidio asistido, en coherencia con la doctrina sentada hasta el momento por el Tribunal Constitucional.

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Andrés Ollero
Zenit / Almudí

LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA

   Como cualquier tratamiento médico, quien debe indicar la sedación paliativa es el médico cuando se dan las condiciones clínicas y éticas para que sea considerada buena práctica

      Comenzó Andalucía, le siguió Navarra, ahora Aragón y estamos a la espera de la ley que se está elaborando a nivel nacional. Con estos movimientos los legisladores autonómicos y ahora el Gobierno central desean garantizar una atención médica al final de la vida a todos los ciudadanos de nuestro país. Pero, a partir de la promulgación de estas leyes ¿sufrirán menos los enfermos al final de sus vidas? ¿No se deteriorará la relación médico-enfermo en una fase tan delicada donde esta relación debe ser de ayuda y no una relación defensiva, exigiendo algún derecho que pueda no ser una indicación médica adecuada? ¿No estaremos potenciando una medicina defensiva en la que el médico se vea amenazado constantemente con sanciones?

      El artículo 14 de la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte, de Aragón, que hace referencia al derecho del paciente a la administración de sedación paliativa —"El paciente en situación grave e irreversible, terminal o de agonía que padece un sufrimiento refractario tiene derecho a recibir sedación paliativa"— me ha provocado algunas reflexiones que deseo compartir con quienes hayan elegido leer esta tribuna. 

      Siguiendo la Declaración sobre la Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial (OMC), en la que intervine como coautor, esta atención no debe considerarse un privilegio del paciente sino un derecho. Toda la atención al final de la vida debe ser un derecho para el paciente que se encuentra en esa situación clínica.

      Este derecho lo exigimos los médicos porque en estas circunstancias el paciente debe tener derecho a no sufrir y para ello la atención médica que se le preste deberá estar obligada a secuenciar todas aquellas estrategias que tengan el objetivo de aliviar su sufrimiento: no abandonarle, aliviarle el dolor con la dosis de analgesia necesaria hasta que el enfermo nos diga "ya no tengo dolor", evitar las exploraciones diagnósticas y aquellos tratamientos que son más insufribles que la propia enfermedad y que en ese momento se consideran inútiles, y sedarle si a pesar de todos los tratamientos empleados no hemos conseguido aliviar su sufrimiento, teniendo en cuenta siempre los deseos del enfermo.

Tratamiento indicado

      En la Declaración de la Comisión Central de Deontología de la OMC Ética de la sedación en la agonía (aprobada por la Asamblea General el 21 de febrero de 2009) se considera "como un tratamiento adecuado para aquellos enfermos que, en los pocos días u horas que preceden a su muerte, son presa de sufrimientos intolerables que no han respondido a los tratamientos adecuados". Los médicos nos hemos dado, con esta declaración, unas normas que le garantizan al enfermo que aliviaremos su sufrimiento con la sedación cuando la precise y él nos la autorice, pero consideramos que no debemos realizarla cuando él nos la exija como un derecho si no la consideramos indicada.

      Como cualquier tratamiento médico, quien debe indicar la sedación paliativa es el médico cuando se dan las condiciones clínicas y éticas para que sea considerada una buena práctica médica. El enfermo debe tener derecho a que le ayudemos a prevenir las enfermedades que le pueden amenazar, a curarlas cuando no ha sido posible prevenirlas y a aliviar sus efectos si no hemos conseguido ni lo uno ni lo otro. Para ello los médicos debemos emplear todas las estrategias adecuadas para cumplir sus objetivos, pero no las que el enfermo elija para ello; entiendo que en este sentido puede ser equívoco el artículo 14 de la citada ley —Derecho del paciente a la administración de sedación paliativa— porque para ello será el médico quien debe considerarla indicada o no. De la misma manera estoy de acuerdo en que si está indicada y algún médico se negara a realizarla, en ese caso sí tiene derecho el enfermo a recibirla y el médico el deber de realizarla, porque si no fuera así, el citado médico estaría realizando una mala práctica médica al no sedar al paciente.

      Es probable que si no tenemos las ideas claras al legislar no estemos garantizando una atención médica adecuada al final de la vida sino confrontando por un lado las exigencias del enfermo garantizadas por la ley y, por otro, la buena práctica médica. Por eso, creo que cuando se elabora una ley que no ayuda, sino más bien confunde, precisa de más reflexión.

La función de los colegios

      Sobre las sanciones ante el incumplimiento de los derechos creo que los colegios oficiales de médicos, a través de sus comisiones de deontología, controlan y sancionan la mala práctica médica de sus colegiados según el Código de Ética y Deontología Médica. Esto justifica la existencia de estos colegios profesionales y la obligación del médico que desee ejercer su profesión de estar colegiado para poder ser controlado y realizar una atención adecuada al final de la vida a la que todo enfermo debe tener derecho.

      El vigente código garantiza una atención médica al final de la vida adecuada a los enfermos, para lo que obliga a todos los médicos colegiados a lo siguiente:

      "El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida. En tal caso, el médico debe informar a la persona más allegada al paciente y, si lo estima apropiado, a éste mismo" (Capítulo VII artículo 27.1). 

      "El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad. Y cuando su estado no le permita tomar decisiones, el médico tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriores hechas por el paciente y la opinión de las personas vinculadas responsables" (Capítulo VII artículo 27.2).

      Lo positivo de estas leyes y la que está por venir es que responsabilizan a las autoridades sanitarias a garantizar el derecho reconocido para todos los ciudadanos de este país mediante una ley de calidad en la atención al final de la vida, para lo que dispondrán de los recursos necesarios. Serán los garantes de estos derechos quienes deberán dar cuenta de que los enfermos hayan podido recibir la atención médica que necesiten y deseen. Los médicos somos conscientes de lo que nuestra profesión nos compromete para aliviar el sufrimiento del enfermo, sobre todo al final de la vida.

Jacinto Bátiz. Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos (Santurce-Vizcaya)Diario Médico / Almudí