Ya han pasado cuatro años desde que se inició la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la ciudadanía. Prosigue la defensa de este derecho fundamental de los padres a educar libremente a sus hijos.
Alba recuerda el camino recorrido en estos años
Han pasado cuatro años -y tres ministros de Educación- desde que un grupo de madres de Bullas (Murcia) decidiera, en la primavera de 2006, informar al resto del pueblo de la amenaza que a su juicio suponía una nueva asignatura: Educación para la Ciudadanía.
Sin saberlo, estas madres iniciaban entonces un movimiento cívico que habría de involucrar a miles de padres, plataformas y asociaciones y que se convertiría en la resistencia pacífica más importante del siglo XXI español.
Pero, ¿a qué temían esas madres de entonces? A un proyecto del que dio pistas el catedrático de Filosofía del Derecho, Gregorio Peces Barba, en un artículo publicado en El País en 2004. “Necesitamos una asignatura sobre la educación en valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural ni oportunista (…) y que exige una estabilidad y una permanencia para que pueda producir frutos. (…) El Estado debe tomarse en serio la asignatura y debe darle estatus de materia principal, evaluable y explicada por profesores solventes y competentes. (…) Sólo con ser capaz de poner en marcha esta asignatura, el Gobierno habrá justificado su legislatura”, dijo.
Y poco tiempo después, el presidente Rodríguez Zapatero confesó al escritor Suso del Toro la existencia de un “proyecto”. “Un proyecto de alcance en valores culturales y, por tanto, ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica de la España moderna por mucho tiempo”.
Diálogo cero
Así pues quedaba clara la existencia de un plan que el movimiento objetor ha denominado “de ingeniería social” y que tiene como objetivo transformar la mentalidad de los españoles con “tres nuevos dogmas emancipadores: laicismo, relativismo e ideología de género”.
Las primeras concreciones de ese plan quedaban plasmadas en los borradores de EpC, en la primavera de 2006. Profesionales por la Ética pidió entonces una reunión con la ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo. Esta primera negativa -la entrevista nunca fue concedida- marcaría el tono negociador del Gobierno durante todo el conflicto de EpC: diálogo cero con quien critica el proyecto educativo.
Aunque la asignatura no empezaría a impartirse hasta el curso 2007-2008, la resistencia social ya estaba en marcha mucho antes. A esas madres murcianas seguirían otras más, y en octubre de 2006 se presentaba públicamente el Observatorio para la Objeción de Conciencia a EpC, una iniciativa de Profesionales por la Ética, Hazte Oír, Foro de la Familia, el Centro Jurídico Tomás Moro y otras asociaciones. Nacía poco después la guía Los padres elegimos, que ha encontrado desde entonces una amplísima difusión.
Abril de 2007 marcaría otro hito en la batalla de EpC. Se presentaron en Toledo y Madrid las primeras objeciones a la asignatura. Irían seguidas de la objeción casi en masa del colegio madrileño Monte Tabor -90% de los padres- y de las de las alumnas del centro toledano de la Compañía de María.
Dos meses después, en junio, nace en Lucena (Córdoba) la primera plataforma de padres objetores. Ellos fueron los primeros en unir esfuerzos en la lucha por la libertad educativa, pero desde luego, no los únicos ni los últimos. Un año más tarde había más de 50 plataformas y hoy rondan el centenar e incluso se han constituido en una federación nacional, España Educa en Libertad.
Pero volvamos al verano de 2007. Comienzan las presiones y amenazas por parte de la Administración educativa, asombrada por una resistencia tan extendida. El Gobierno castellanomanchego anuncia que EpC es obligatoria y que no cursarla implica “el suspenso, la no promoción y la no titulación”.
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, echaba más leña al fuego al afirmar en rueda de prensa que los alumnos cuyos padres objetaran a EpC no podrían pasar de curso. Afirmaciones que fueron corroboradas por la titular de Educación, Mercedes Cabrera, que se vio obligada a rectificar días después, el 18 de julio. Entonces Cabrera dejó a los alumnos en manos de las comunidades autónomas.
Y así el problema de EpC se agrava todavía más. En Madrid los objetores cuentan, en principio, con el respaldo del Gobierno, pero en Cataluña o Andalucía, por ejemplo, los padres tienen que recurrir a los tribunales. El colegio Abat Oliba de Barcelona asegura que no impartirá en sus aulas ideas contrarias al ideario del centro y pronto ve amenazado el concierto educativo. Llegan así los recursos judiciales, los poderes notariales, abogados…comienza el periplo judicial.
Mientras tanto, la expectación creada por la asignatura y sobre todo por el movimiento objetor lleva a un periodista de El País a ‘colarse’ en la primera clase de Ciudadanía de un colegio público de Barcelona. “Hasta ahora parece que lo más normal es que un chico se sintiera atraído por una chica y al revés. Pero alguien del sexo masculino se puede sentir atraído por otro del mismo sexo, y lo mismo el sexo femenino. ¿Os parece bien?, inquiere el profesor. Sí, se escucha, y el profesor da este argumento: el sexo es una cosa y la preferencia sexual otra”. El periodista narraba la clase y los objetores confirmaban que sus temores ante EpC no eran infundados.
Ni un paso atrás
Continúa la lucha y en febrero de 2008 se celebra el primer Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia a EpC. Por primera vez la resistencia al adoctrinamiento tiene cara, nombre, historias particulares que se unen en un grupo sólido dispuesto a seguir adelante. Y nace su indiscutible lema: “Ni un paso atrás”.
Cuando la polémica copa ya las páginas de educación de los diarios nacionales, llega la primera sentencia, en marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla a favor de la objeción de unos padres de Bollullos Par del Condado. El mismo órgano confirmaría dos meses más tarde el carácter ideológico de la asignatura, dando impulso a una lucha que contaba cada vez con más militantes.
El peso social del movimiento no pasa inadvertido y, en plena campaña electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que reconocerá y apoyará a los padres objetores.
Poco después, a finales del curso 2007-2008, el Partido Popular manifestaba su apoyo al movimiento objetor en unas declaraciones que, sin embargo, no vendrían acompañadas de hechos en muchas de las comunidades gobernadas por populares. Por entonces se presentaban en España más de 100 objeciones diarias, había casi un centenar de asociaciones y casi una veintena de fallos judiciales que daban la razón a los críticos con EpC.
ALBA
enseña a los niños a pensar por ellos mismos, sino que se muestran contenidos manchados ideológicamente y que los menores deben asimilar como si de dogmas se tratasen.
