Tras el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que el Gobierno reformará la ley del aborto actual para que las menores que decidan interrumpir su gestación tengan el permiso paterno y el no nacido cuente con la protección adecuada, el autor hace un repaso del papel que el Tribunal Constitucional ha jugado en este asunto tras la sentencia de 1985 en la que parece que se basará la reforma del Gobierno de Rajoy.
Alberto Ruiz Gallardón es un político de raza, nada dado al "que no me pase nada" o "que me quede como estoy". No es extraño, pues, que su primera comparecencia parlamentaria no haya pasado inadvertida. Puestos a hablar, ha hablado hasta del aborto, temática de la que huyen los no pocos afectados por el síndrome posfranquista: derecha, religión…, mejor tocar madera.
A nadie sorprendió su referencia a la necesaria intervención de los progenitores en el aborto de menores, aunque alguno recelara que todo pudiera quedar ahí, confirmando la frecuente queja: hay gobiernos socialistas que no dejan títere con cabeza, luego viene el PP y maquilla una esquinita… La alusión a la sentencia 53/1985 parece abrir un diverso horizonte, que combinado con las anunciadas reformas relativas al Tribunal Constitucional suscita interrogantes.





