Cambian los países de entrada, pero se mantiene la presión para entrar en Europa. No se trata, como parece a veces, de una cuestión migratoria, sino de problemas humanos de otra entidad, como los de los refugiados. Son cada vez más quienes necesitan asilo, en sentido estricto, porque huyen de países destruidos por guerras civiles y conflictos ideológicos de no fácil solución a corto plazo.
Ni la Comisión ni el Parlamento europeo, al margen de las declaraciones enfáticas cuando suceden tragedias como las del Mediterráneo, aciertan a plantear políticas que desarrollen los principios proclamados en la Carta de Derechos Sociales de la UE, porque se sigue respetando la soberanía de cada Estado en esta materia.
Pero Europa y el Tercer Mundo necesitan nuevos criterios prácticos para encauzar también la emigración, y no solo a los refugiados. El progresivo envejecimiento de la población impone recibir una mano de obra joven, indispensable en la mayor parte de los Estados europeos. Esas normas deben amparar a inmigrantes dispuestos a cumplir la legalidad, sin tener que poner sus vidas de modo precario en manos de las mafias que trafican con seres humanos.
El debate sobre las cuotas
Ante la presión actual, cobra cada vez más sentido la propuesta de establecer cuotas para la aceptación de un número prudente de extranjeros. Esas cuotas, repartidas por los diversos países, de acuerdo con criterios que combinen PIB, tasa de desempleo, población y número de solicitudes, se aplicarían más bien a los refugiados, por razones de persecución política o conflictos bélicos, que a los movimientos migratorios clásicos: emigrantes en sentido propio que buscan un futuro mejor para ellos y para sus hijos. De ahí su ambigüedad y el posible rechazo de algunos Estados, no necesariamente xenófobos.
Por otra parte, el 3 de septiembre trascendió que la Comisión Europea propondrá a los países miembros el reparto de otros 120.000 solicitantes de asilo, que se sumarían a los 40.000 propuestos a principios del verano. A esto se sumaría un plan para que, en nuevas situaciones de emergencia, se pueda distribuir automáticamente a los refugiados, sin necesidad de reeditar las disputas sobre quién-acoge-a-cuántos, que pueden terminar llevándose, de refilón, el tan valorado derecho de libre circulación por una Europa sin fronteras interiores.
Como señaló en su día el primer ministro francés Manuel Valls, el asilo es un derecho reconocido por normas internacionales ratificadas por todos los países de la UE, por tanto, el número de beneficiarios no puede ser objeto de consideraciones numéricas: o se tiene derecho al asilo o no se tiene. Pero no es fácil seguir sosteniendo esa tesis, cuando el fenómeno no es ya individual, sino colectivo y urgente, como se ve estos días en las fronteras orientales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario