Los acuerdos del gobierno con dos partidos políticos para sacar adelante los presupuestos del Estado o la Ley de Economía Sostenible dan pie para hablar de algo siempre actual: todos los pactos, acuerdos o tratados tienen un ética que guardar para que las partes en concordia juzguen si es un convenio entre voluntades libres mediante el que intercambian algo legítimo, sin daño de terceros ni del bien común.
No entro —no me corresponde— a juzgar lo acordado con los asuntos que originan estas líneas. Los utilizo únicamente como ocasión para escribir del tema puesto que, siendo buena su existencia para la concordia social, los pactos han de ser justos, tanto por acción como por omisión.
Bueno será recordar que la vida comunitaria es propia de la naturaleza del hombre, pero es necesario añadir que la sociabilidad humana no comporta automáticamente la unión de las personas. Esta aseveración no requiere explicación alguna porque observamos a diario muchos gérmenes de insociabilidad e individualismo, de cerrazón a los demás. Bastaría pensar en una frase mil veces repetida: "ese es tu problema", sin darnos cuenta de que, de algún modo, toda dificultad ajena lo es también mía.
Precisamente el bien común deriva de la igualdad, unidad y dignidad de todas las personas y tiende no solamente a respetar a cada uno, es decir, no consiste en la simple suma de bienes particulares, sino en «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección» (Concilio Vaticano II). Dos realidades a guardar en todo pacto: el respeto a cada persona y al bien común de la sociedad o sociedades implicadas directa o indirectamente por lo convenido.
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PABLO CABELLOS
PABLO CABELLOS
LAS PROVINCIAS / ALMUDÍ
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