Los eurodiputados apoyaban la defensa de los cristianos y la libertad religiosa en el mundo, y expresaban su profunda preocupación por el aumento de la intolerancia, la represión y los actos de violencia. Los parlamentarios españoles prefirieron mirar o otro lado. Esta es la historia.
La creciente inquietud de las cancillerías europeas sobre la violencia anticristiana en países como Egipto, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Chipre del Norte, Irán e Irak, llegó al Parlamento Europeo, que aprobó en enero, por una abrumadora mayoría, una resolución firmada por todos los grupos políticos. Los eurodiputados apoyaban la defensa de los cristianos y la libertad religiosa en el mundo, y expresaban su profunda preocupación por el aumento de la intolerancia, la represión y los actos de violencia.
La resolución pedía también al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, que desarrollase con urgencia una estrategia que previera “un elenco de medidas contra los Estados que deliberadamente no protegen a las confesiones religiosas". Y que el nuevo servicio diplomático europeo, en su dirección de derechos humanos, dispusiera de "un sistema permanente de control de las restricciones gubernamentales y sociales a la libertad religiosa", para informar anualmente al Parlamento. Se trataría de elaborar algo semejante a la conocida blacklist, lista negra, de la Secretaría de Estado de EEUU.
Como señalaba el jefe del grupo popular, Mario Mauro, la decisión marcaba un hito histórico, pues no se limitaba a condenar un determinado suceso, sino que implicaba a la UE en el problema general en sí. «La Unión Europea —apostillaba— no debe sentir ningún embarazo por la necesidad de denunciar lo que sucede a los cristianos».
Me he referido en diversas ocasiones al avance de la repulsa en el mundo ante los ataques contra los cristianos en repúblicas islámicas. Promovió un primer manifiesto en noviembre del año pasado La Vie, un semanario del grupo Le Monde. Pedía la intervención del presidente Sarkozy. No le parecía justo que debieran abandonar los lugares donde vivieron sus ancestros. Entre los firmantes, el Ministro de Justicia de Mitterrand, Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte, uno de los socialistas más coherentes que he conocido.
Luego, a raíz de la brutal violencia contra los cristianos de Egipto, fue ya el propio presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien protestó del clamoroso silencio de la Unión Europea, haciendo propias las ideas del anterior manifiesto.
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Salvador Bernal
ReligionConfidencial.com 
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